En el contexto de las eventuales reformas a la Ley de Amparo, Serralde Consultores Jurídicos recordó la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad en México, lo que implica no solo conocer los derechos fundamentales, sino también cumplir con las obligaciones que garantizan una convivencia ordenada y segura.
De acuerdo con el Anexo Estadístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2023 ingresaron 208,600 juicios de amparo directo, de los cuales 187,847 egresaron y quedó una existencia final de 137,860 asuntos. Estas cifras evidencian la relevancia del amparo como recurso de protección de los derechos ciudadanos, pero también reflejan la saturación que enfrenta el sistema judicial y el impacto que esta situación tiene en los tiempos de resolución y en el acceso efectivo a la justicia.
En paralelo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 reveló que el 14% de la población de 18 años o más sufrió al menos un acto de corrupción al realizar trámites o tener contacto con autoridades. El costo estimado de esos actos alcanzó los 11,910.6 millones de pesos, lo que representa un gasto promedio de 3,368 pesos por persona afectada. Este panorama evidencia que, además del desgaste institucional, los ciudadanos enfrentan un costo económico y social significativo cuando no cuentan con documentación en regla o cuando carecen de herramientas preventivas que les permitan evitar trámites innecesarios o correctivos.
Mantener documentos actualizados y en buen estado de conservación no solo brinda certeza jurídica en momentos de contingencia, sino que también permite reducir gastos derivados de juicios prolongados, trámites duplicados o pagos extraoficiales que se presentan al regularizar de última hora un bien, un contrato o una relación jurídica. En este sentido, invertir tiempo en la prevención legal es una manera tangible de ahorrar recursos económicos y de fortalecer la confianza en el Estado de derecho.
“Una cultura de la legalidad no se construye únicamente con leyes, sino con ciudadanos informados, responsables y preparados para ejercer sus derechos. Hoy más que nunca, tener documentos en regla y acudir a la asesoría legal adecuada es clave para enfrentar los retos que implican estas reformas”, señaló Teodoro Serralde, Director de Serralde Consultores Jurídicos.
Con base en lo anterior, el despacho Serralde Consultores Jurídicos recomienda a la ciudadanía adoptar acciones concretas que fortalezcan la cultura de la legalidad:
- -Contar con documentos de identidad, necesarios para cada trámite, como por ejemplo, credencial para votar, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional, etcétera.
- -Mantener en orden documentos como Cédula Única de Registro Poblacional, actas de nacimiento, matrimonio, concubinato, divorcio (o la inscripción de la sentencia que disuelve el vinculo matrimonial), contratos con los que se acredite posesión y/o propiedad de los bienes muebles e inmuebles, tales como escrituras, instrumentos notariales, constancias de registro, entre otros.
- -Revisar periódicamente documentos de control interno y corporativos como contratos de arrendamiento, laborales, de servicios, de confidencialidad entre otros, para asegurarse de que se adecuan a la normativa vigente.
- -Obtener las licencias, permisos o autorizaciones necesarias para ejercer la actividad laboral, administrativa o comercial a la que nos dediquemos, cumpliendo con los requisitos legales y administrativos correspondientes.
- -Revisar periodicamente que se cumple con todas y cada una de las obligaciones y deberes derivados de las licencias, permisos y/o autorizaciones obtenidas.
- -Regularizar propiedades o la posesión de bienes muebles e inmuebles que carezcan de inscripción en cualesquiera de los registros públicos que contemplan las legislaciones regulatorias, lo que puede ser clave para evitar litigios futuros.
- -Tener actualizados poderes notariales y designaciones legales en caso de incapacidad, asegurando claridad en la toma de decisiones.
- -Buscar asesoría profesional antes de firmar o aceptar cualquier compromiso jurídico, evitando riesgos derivados de contratos mal redactados o poco claros.
- -Promover la enseñanza y difusión de los derechos fundamentales desde edades tempranas, fomentando así una ciudadanía consciente y participativa.
Serralde Consultores Jurídicos subraya que, ante los retos que representa la eventual reforma a la Ley de Amparo, la mejor defensa de los ciudadanos es la prevención. Fortalecer la cultura de la legalidad no solo otorga certeza jurídica, sino que también permite reducir los riesgos de corrupción y los costos económicos asociados a procesos judiciales o administrativos innecesarios. Una ciudadanía preparada e informada es la clave para construir un entorno más seguro, justo y transparente en el país.
