Por: Emilio Guerra Díaz
Vaya nota que publicó Reforma (marzo 2 de 2015) que a título señala: “Dona autoridad 1,721 mdp en lo oscurito”, que seguramente despertará suspicacias nuevamente en contra de las organizaciones filantrópicas por un lado, y por otro, a los propios funcionarios públicos quienes tienen poder de decisión para asignar recursos públicos de sus carteras de despacho a todo tipo de organizaciones civiles.
En defensa del sector filantrópico es necesario señalar que la autoridad pública ha establecido férreos controles y requisitos para que organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de terceros o llamadas filantrópicas o altruistas. Para que puedan acceder a recursos públicos, de la instancia y el nivel que sea, es necesario que las organizaciones se inscriban en el Registro Nacional de Organizaciones Civiles y que obtengan su Clave Única (o “Cluni” en el argot del sector social), no es indispensable entonces que sean donatarias autorizadas.
Para obtener recursos públicos las organizaciones tienen que sujetarse a las reglas impuestas al sector filantrópico en las que se ha dispuesto expedir convocatorias para repartir determinados fondos. Las organizaciones tienen que cubrir los requisitos solicitados y mediar un proyecto ya sea de atención a población vulnerable, en condiciones de desventaja o marginadas; salud, bienestar, educación, ampliación de servicios, publicaciones, investigación (rubro más castigado), capacitación, etc.
Luego de la asignación y operación de los proyectos, las organizaciones tienen que comprobar los recursos ejercidos y como dicen algunos administradores y directores “sudando sangre” llenan los informes que le son solicitados. Finalmente, para renovar su condición de conservar la “Cluni”, deben de elaborar su informe anual en los primeros días del mes de enero de cada año. Estos informes son públicos por lo que la asignación de donativos de gobierno a fundaciones y organizaciones civiles que trabajan a favor de terceros no ocurre en la opacidad.
Sin embargo, no hay que confundir donaciones que se hacen desde instancias de gobierno para fortalecer una alianza con una fundación privada sea empresarial, independiente, comunitaria, familiar o con organizaciones operativas. Es decir, estas fundaciones tienen sus propios proyectos que son de utilidad pública administrados por particulares y hay que subrayar “de interés público”. Un ejemplo que el mismo gobierno federal reconoce es el apoyo de la Asociación de Banco de Alimentos a través de su red se han podido recuperar toneladas de alientos producidos que antes se desperdiciaban, ahora llegan a consumidores para alcanzar los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En la nota de Reforma se destaca que fundaciones como Teletón, Azteca y UNAM por citar algunas, han recibido donativos. Lo hacen porque tienen proyectos que complementan la acción de gobierno, lo que implica que la opinión pública debe advertir que inciden en “lo público” que debe comprenderse como la afluencia de recursos de gobierno y de sociedad civil que tienen fines públicos. Así se comprende por qué Fundación Azteca recibió recursos para apoyar en Puebla la creación de la Casa de Música de Viena o por qué Teletón recibió recursos para construir, por ejemplo, el Hospital especializado en cáncer que abrió hace algunos meses en Querétaro.
Los recursos recibidos por Fundación UNAM como queda claro en el artículo del citado diario, fueron destinados al otorgamiento de becas. Para tranquilidad del lector, cada uno de los beneficiados por dicha organización está sujeto a reglas y condiciones que marca la fundación para aspirar, obtener y conservar una beca. Sus archivos podrían ser consultados por quien así lo desee porque las tres fundaciones citadas llevan a cabo prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Queda huella de cada paso que se dio en la recepción y en el ejercicio del donativo.
Muchas de estas experiencias han probado ser benéficas por al menos dos grandes razones: 1) esas fundaciones movilizan recursos adicionales de público en general de quien goza su confianza y que prefieren donar a ellas que al gobierno. Asumen responsabilidades para atender necesidades que deberían ser cubiertas por esfuerzos gubernamentales, y 2) para tranquilidad de la comunidad la administración de esos bienes públicos no entran en el círculo de la burocracia pública que beneficia a determinada población para cubrir cuotas laborales como pago de favores de determinados políticos o funcionarios que tienen que hacer para sus séquitos. La administración y manejo de esos recursos pasa por una auditoria anual por un contador externo como requisito para renovar su estatus de donataria autorizada o conservar la “Cluni”.
Pero entonces ¿qué sucede con otras organizaciones no filantrópicas? Para las organizaciones que no están sujetas al régimen de ayuda a terceros no existen criterios ni reglas claras para la asignación de dinero público por lo que su asignación si ocurre “en lo oscurito”. Así puede verse el histórico derroche de recursos “donados” por Pemex por ejemplo a su sindicato, lo que significa una privatización de recursos públicos a favor de unos cuantos beneficiarios privados; contribuciones a presidencias municipales para complementar obra pública o disminuir presiones políticas, o las donaciones en especie que rayan en lo absurdo como por ejemplo “reglar combustibles” cuando gran parte de éstos se importan y al público consumidor en general le han sido incrementado su precio en forma periódica.
Estas prácticas de opacidad se dan en todos los partidos y gobiernos de cualquier instituto. Qué decir del papel del panista Luis Pazos al donar 30 millones de pesos desde la Cámara de Diputados al Comité Nacional Pro Vida y las consecuencias que ello trajo. O contribuciones de senadores y diputados de partidos de izquierda para mantener a sus líderes que llevan años sin trabajar y en cambio realizan giras por todo el país en perpetua campaña política.
Pero el artículo de Reforma nos recuerda que habrá nuevamente señalar la diferencia entre un donativo y una contribución o transferencia de recursos. Se ha señalado arriba el procedimiento para organizaciones donatarias autorizadas o con “Cluni”, accedan a recursos. Si el gobierno da dinero a otras organizaciones que no están en ese régimen lo que hace es destinar contribuciones y éstas se hacen desafortunadamente a discreción y no están sujetas a comprobación alguna todavía.
Dos reflexiones adicionales
1) Lo que es significativamente producto de este desorden en donaciones de gobierno es que no hay una política que acote y establezca controles en general. Así un ejemplo, pese a que la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, considera que debe existir un presupuesto para capacitación de organizaciones civiles a fin de fortalecerlas. Lo hay pero es muy bajo respecto a las necesidades. Pero cuando una organización se acerca a alguno de los DIF Estatales o municipales, a las juntas de asistencia privada (y organismos afines) en las entidades en las que existen, institutos o dependencias estatales que trabajan en problemas sociales para presentar un proyecto de capacitación siempre dicen que “no hay recursos”. Sin embargo como lo señaló el mismo periódico Reforma, el DIF de Jalisco gastó en un solo evento 109 mil pesos por concepto de hospedaje de una sola noche de un funcionario (reforma 22 de febrero).
2) En el caso de transparentar donaciones y contribuciones cobra relevancia el trabajo que realiza Confío, Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, que tiene toda una metodología para impulsar una serie de indicadores que cimientan la confianza de donantes (públicos y privados) y aún cuando su trabajo está orientado al fortalecimiento de organizaciones filantrópicas, sus herramientas pueden aplicarse prácticamente a cualquier organización civil. Habría que ampliar el espectro de la “generosidad de funcionarios” y edificar controles para transferencias públicas por ejemplo, a través de comités donde se incluyan también a ciudadanos y representantes de organizaciones civiles doctas en la materia susceptible al financiamiento que se podría otorgar para aquellas que han sido analizadas por Confío.
Por lo anterior, es muy importante seguir avanzando en el Sistema Nacional de Transparencia para que también ahonde en conocer el manejo de los recursos públicos en materia de contribuciones y limitar la gran cantidad de dinero que se derrocha en campañas políticas y en la burocracia partidista. Se ha dicho en este espacio repetidas veces, los partidos políticos tienen menos controles que las organizaciones filantrópicas y estás reciben donativos de gobierno que son insignificancias respecto a lo que destinan a partidos políticos.
También habría que limitar recursos públicos a organizaciones filo-partidistas. Pues ya ve que con esas contribuciones opacas se financió históricamente a sindicatos, colegios de profesionistas y asociaciones vecinales y gremiales que hoy encabezan marchas y desafíos a la autoridad por que sus intereses podrían estar en peligro por las reformas que necesita el país. Son las reliquias del “ogro filantrópico” a las que los partidos políticos siguen aferrándose.
Desde el Consejo Directivo
La Fundación del Empresariado Chihuahuense encabeza una campaña de redondeo en alianza con Fundación Soriana y Comunalia para recaudar fondos a fin de construir un nuevo edificio para la Cruz Roja Estatal, es una magnifica oportunidad de ayudar con instituciones de alta confiablidad, dijo el Presidente del Directorio.
Este 5 de marzo se llevará a cabo la tercera reunión de entidades fortalecedoras para vislumbrar una agenda de trabajo, dijo el Director de la organización. Sin embargo el gran reto es focalizar que quién recibe esos servicios son las organizaciones civiles y que pensar en discutir los grandes problemas sociales de México puede hacer perder el objetivo y desgastar a los participantes.
De gran valía es el trabajo que viene realizando la Fundación Carlos Slim al promover la donación de órganos con su campaña “Héroes por la vida”. Un tema insuficientemente atendido y que tiene poca cultura de participación ciudadana pero que significa apostar por la vida. Dicha fundación señaló que de cada millón de personas solo 3.6 estarían dispuestas a donar sus órganos y tejidos para trasplantes, señaló la Secretaria de la organización.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
Muy interesante tu análisis Emilio. Es un hecho que gobierno, en todos sus niveles, debe incrementar, regular y transparentar las partidas que destina a cualquier tipo de organización filantrópica y establecer mejores criterios de concurso para obtener los recurso, así como simplificar los informes que requiere a las organizaciones para conocer el uso de los mismos. En Aporta estamos enfocados en la rendición de cuentas y transparencia de las Instituciones que participan en el Portal y sería ideal que más adelante podamos unir esfuerzos con Confío para lograr un mayor impacto de transparencia en le sector. Gracias por tus aportaciones. Saludos.