En una movida que ha desatado alarma entre ambientalistas y expertos en política pública, la administración de Donald Trump ha propuesto eliminar una de las piedras angulares en la lucha contra el cambio climático: la norma climática que desde 2009 reconoce los gases de efecto invernadero como una amenaza directa a la salud pública. Esta acción, impulsada por la actual dirección de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), pretende revertir décadas de avances regulatorios.
La “declaración de peligro”, como se le conoce, no solo ha servido de base legal para controlar las emisiones contaminantes, sino que también ha sido fundamental en la elaboración de políticas orientadas a reducir el impacto del transporte y la industria en el medio ambiente. La revocación de esta norma climática no solo representaría una regresión normativa, sino también un cuestionamiento profundo al compromiso institucional de Estados Unidos con la salud de su población y la sostenibilidad del planeta.
La norma climática: cimiento legal del combate al cambio climático
De acuerdo con The Guardian, desde 2009, la norma climática se ha mantenido como el argumento legal que permite a la EPA regular emisiones contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. Al considerar al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como un riesgo para la salud pública, abrió la puerta a una política ambiental ambiciosa y necesaria.
Gracias a esta base legal, se lograron avances importantes en la regulación de sectores críticos como el transporte y la generación de energía. Esta herramienta permitió establecer límites de emisión para automóviles, camiones y plantas industriales, protegiendo no solo el ambiente, sino también a las comunidades más vulnerables.
La propuesta de derogar esta norma amenaza con desmantelar todo ese andamiaje legal. Y, en efecto, esa es la intención reconocida por Lee Zeldin, actual administrador de la EPA, quien califica su eliminación como “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”.
Desregulación bajo el pretexto del éxito económico
La narrativa detrás de esta propuesta se apoya en una lógica de crecimiento económico desregulado. Zeldin ha comparado la norma climática con un dogma ideológico, describiéndola como “el santo grial de la religión del cambio climático”, una frase que no solo desacredita la ciencia, sino que reduce un problema global a una supuesta batalla cultural.
Acompañado por una orden ejecutiva del expresidente Trump, el anuncio de Zeldin forma parte de una estrategia más amplia que contempla la eliminación de 31 normas ambientales clave. Entre ellas, destacan aquellas relacionadas con el aire limpio, el agua potable y la mitigación del cambio climático.
Para algunos sectores conservadores, esta cruzada representa una liberación de cargas económicas para las industrias. Sin embargo, los expertos advierten que el costo social, ambiental y sanitario podría ser incalculable y, sobre todo, irreversible.
Impactos en la salud pública: la otra cara del desmantelamiento
Eliminar la norma climática no es solo una cuestión técnica o jurídica; es, en esencia, una amenaza directa a la salud pública. Así lo han advertido tres exadministradores de la EPA, incluidos funcionarios nombrados por gobiernos republicanos. Entre ellos, Christine Todd Whitman, quien declaró que esta administración representa un verdadero “hallazgo de peligro” por su desprecio hacia el bienestar ciudadano.
La relación entre gases de efecto invernadero y enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas está ampliamente documentada. Eliminar la capacidad legal de limitar estas emisiones abre la puerta a una mayor exposición de la población a contaminantes peligrosos.
El impacto sería especialmente grave en comunidades ya vulnerables, como aquellas que viven cerca de corredores industriales o carreteras con alto tráfico vehicular. En estos contextos, la norma climática ha sido una barrera protectora ante la contaminación crónica.
Transporte y clima: un futuro incierto sin regulación
El sector transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. La norma climática ha sido esencial para implementar los Estándares de Autos y Camiones Limpios, que presionan a los fabricantes a innovar y producir vehículos más eficientes o eléctricos.
La eliminación de los límites de emisiones de escape propuestos por la EPA frena este avance y debilita los incentivos hacia una transición energética más sostenible. Esto implica un retroceso no solo en términos ambientales, sino también en el posicionamiento global de Estados Unidos frente a la carrera por la electromovilidad.
Sin estos estándares, los consumidores podrían quedar expuestos a una mayor oferta de vehículos contaminantes, perpetuando un modelo de consumo obsoleto e insostenible en plena crisis climática.
La batalla legal: ¿una propuesta sin futuro?
A pesar del anuncio de la EPA, expertos en derecho ambiental consideran que derogar la norma climática será un desafío jurídico casi imposible. El precedente de la Corte Suprema de 2007, que otorgó autoridad a la EPA para regular estos gases, limita el margen de acción del gobierno.
David Doniger, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, ha advertido que ningún argumento científico serio podría sostener la eliminación de la declaración de peligro en tribunales. En su opinión, la propuesta no es más que un “disparo político” para desmantelar la legislación climática.
Los grupos ambientalistas ya se preparan para una larga batalla en los tribunales, conscientes de que este precedente puede afectar no solo el presente, sino también la posibilidad de que futuras administraciones impulsen nuevas normas ambientales.
Responsabilidad social y climática: una línea que no debe cruzarse
Desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y gubernamental, este intento de eliminar la norma climática representa una violación ética de los compromisos asumidos por las instituciones para proteger la vida y el entorno de las generaciones presentes y futuras.
El desdén hacia la ciencia, el desmantelamiento de salvaguardas legales y la prioridad absoluta al lucro económico por encima del bienestar social son señales preocupantes de un modelo político que ignora los principios más básicos del desarrollo sostenible.
En este contexto, el rol de las empresas, la sociedad civil y los gobiernos locales cobra una relevancia crítica. Proteger la norma climática no es solo un deber legal, es una exigencia moral que interpela a todos los actores del ecosistema socioambiental.
La propuesta de eliminar la norma climática no es un simple ajuste regulatorio: es un ataque frontal contra décadas de lucha ambiental y una amenaza directa a la salud pública. Aunque los tribunales podrían frenar su avance, el hecho de que se haya propuesto revela una peligrosa visión que reduce la protección ambiental a un obstáculo para el crecimiento económico.
Ante este panorama, quienes trabajamos en responsabilidad social debemos alzar la voz con claridad. No podemos permitir que intereses políticos temporales comprometan el futuro climático del planeta. Proteger la norma climática es proteger la vida.
