México atraviesa uno de los periodos más inciertos para su sociedad civil desde la transición democrática. A la luz del más reciente Informe Enfoque País ( CFR, por sus siglas en inglés) del Sistema de la Unión Europea de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE), el panorama revela un Estado que desmantela instituciones de control, margina la crítica y asfixia la autonomía ciudadana. Este deterioro, advierten expertos, amenaza con transformar el ecosistema democrático en un terreno donde solo florezcan las voces que el poder decide tolerar.
El documento, elaborado con la participación de organizaciones, académicos y defensores de derechos humanos, describe un entorno “restringido, vigilado y hostil” para la participación cívica. La suma de vigilancia digital, concentración del poder y legislación restrictiva configura el oscuro futuro de las OSC, en el que la independencia y la rendición de cuentas corren el riesgo de convertirse en palabras vacías. Lo que está en juego no es solo la sobrevivencia de las organizaciones, sino el derecho mismo de la ciudadanía a cuestionar, proponer y construir país.
Una democracia que se repliega: el oscuro futuro de las OSC
De acuerdo con información de Proceso, el Informe Enfoque País describe a México como un Estado que “formalmente conserva las libertades”, pero que en la práctica “las anula mediante marcos normativos restrictivos, vigilancia y concentración del poder”. Esta conclusión ilustra el oscuro futuro de las OSC, donde la libertad de asociación y la defensa de causas sociales se erosionan bajo la sombra del autoritarismo. Según el reporte, los seis principios evaluados (libertades fundamentales, acceso a recursos, apertura estatal, entre otros) obtuvieron calificaciones menores a tres en una escala de cinco.
Daniel Revilla, coordinador del proyecto en México y colaborador del Cemefi, advierte:
“Si el gobierno no toma medidas para mejorar el entorno habilitante, podríamos presenciar la desaparición de una era de la sociedad civil organizada en México”.
Su análisis apunta a un modelo político que margina la crítica y redefine la relación entre Estado y ciudadanos. Lo que antes era diálogo, hoy es sospecha; lo que antes era participación, hoy se percibe como amenaza. El cierre de espacios cívicos no solo empobrece el debate público, también debilita los contrapesos que sostienen una democracia funcional.
La “captura del poder público por el crimen organizado” y la “impunidad estructural”, señala el informe, crean un contexto donde ejercer derechos básicos puede costar la vida.
En 2025, México registró el asesinato de dos madres buscadoras, Teresa González y María del Carmen Morales, mientras exigían justicia por sus hijos desaparecidos: un ejemplo trágico del costo humano del silencio impuesto.
Este repliegue democrático tiene efectos directos sobre las empresas, las universidades y los colectivos que promueven el desarrollo sostenible. Sin interlocutores sociales independientes, el diálogo público pierde legitimidad. Sin crítica, no hay aprendizaje institucional; sin sociedad civil, la sostenibilidad se reduce a un discurso vacío.
La ley como trinchera: burocracia y asfixia financiera
Bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el Congreso aprobó en julio la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Más de 50 organizaciones alertaron que esta medida criminaliza su labor al obligarlas a actuar como entidades financieras.
El Informe Enfoque País advierte que esta sobrerregulación “se ha convertido en un instrumento de asfixia administrativa” que afecta, sobre todo, a las OSC más pequeñas y locales.
El problema no se limita al papeleo: desde 2019 se eliminaron incentivos fiscales y programas de cofinanciamiento que antes garantizaban su subsistencia. Sin esos apoyos y con la suspensión de más de 42 millones de dólares en cooperación internacional de USAID y la Fundación Inter-Americana, muchas organizaciones enfrentan la parálisis o la desaparición. En palabras del informe: “Si el gobierno desacredita el valor de la sociedad civil y no reconoce su importancia, no habrá reformas que respondan a sus necesidades reales”.
El oscuro futuro de las OSC se manifiesta también en su debilitada capacidad de innovación y en la pérdida de talento especializado. Equipos técnicos reducidos, proyectos truncos y personal voluntario sin respaldo económico son hoy parte del panorama cotidiano. Este desmantelamiento paulatino no solo reduce la acción social, sino que destruye las redes de confianza que sostienen el tejido democrático.
Para Revilla, la clave está en “reconstruir un entorno propicio donde las organizaciones puedan operar sin miedo, sin asfixia fiscal y con autonomía real”.
No se trata de un privilegio, sino de una condición mínima para que el país conserve su ciudadanía activa.
Estado cerrado, ciudadanía silenciada
Uno de los golpes más duros a la transparencia fue la desaparición del INAI, sustituido por el organismo subordinado “Transparencia para el Pueblo”. Sin autonomía técnica ni presupuestal, este nuevo ente concentra la gestión de más de 480 sujetos obligados. Para el Informe Enfoque País, este cambio representa “un retroceso institucional sin precedentes” y un paso hacia la opacidad sistémica.
La eliminación de instituciones como el INAI, junto con la cancelación de la Encuesta Intercensal del INEGI y la incertidumbre sobre la continuidad del Coneval, ha dejado al país sin brújulas estadísticas. Sin datos sobre pobreza, desigualdad o desarrollo, la política pública navega a ciegas. “Estamos frente a un Estado que deja de escuchar”, afirma el documento, subrayando que la participación ciudadana en las elecciones judiciales de 2025 fue apenas del 13%.
Frente a esta sordera institucional, la sociedad civil ha intentado crear contrapesos como el Consorcio para la Medición y la Evidencia, integrado por académicos y colectivos. Sin embargo, su alcance es limitado. En un entorno donde los gobiernos desacreditan la crítica y concentran la información, el oscuro futuro de las OSC se traduce en un país sin espejos, donde las realidades sociales ya no se reflejan en políticas públicas.
El silencio del Estado no solo clausura el diálogo; también erosiona la confianza ciudadana. Sin transparencia ni participación, la democracia se reduce a un ritual formal, vacío de contenido.
Vigilancia digital y censura: el nuevo control del disenso
El Informe Enfoque País advierte que México avanza hacia un modelo de gobernanza “con tendencias autoritarias” al legalizar el espionaje digital y crear un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública que permite el monitoreo ciudadano sin salvaguardas legales. La desaparición del INAI agrava el problema: los mexicanos quedan indefensos ante el uso arbitrario de sus datos personales.
Los antecedentes, como el uso del spyware Pegasus contra periodistas y activistas, confirman el peligro de un Estado que observa, registra y controla. A esto se suman las políticas de plataformas privadas que reducen la visibilidad de contenidos críticos mediante shadowbanning. Feministas, ambientalistas y defensores de derechos humanos denuncian que deben “modificar su lenguaje para esquivar la censura digital”.
En este contexto, el discurso presidencial se convierte en herramienta de disciplinamiento político. Desde las conferencias matutinas se etiqueta a quienes cuestionan al régimen como “enemigos del pueblo” o “agentes extranjeros”. Este uso sistemático del lenguaje como arma de control, advierte el informe, “erosiona la legitimidad social de la sociedad civil” y provoca un efecto paralizante en la opinión pública.
Así se consolida el oscuro futuro de las OSC, donde el costo de hablar supera al de callar. Sin protección digital, sin autonomía institucional y sin financiamiento sostenible, la sociedad civil mexicana queda expuesta al control total de un poder que confunde gobernar con dominar.
Reconstruir el espacio cívico
El diagnóstico del Informe Enfoque País es claro: México conserva formalmente sus libertades, pero en la práctica las neutraliza. Frente a este escenario, el consorcio europeo propone tres líneas de acción urgentes: fortalecer la autonomía operativa de las OSC, promover la colaboración intersectorial y desarrollar una pedagogía política que reivindique el valor de los derechos civiles. Solo así se podrá revertir el oscuro futuro de las OSC antes de que se convierta en un punto sin retorno.
Como bien concluye el reporte: “Los derechos no se conceden desde arriba: se ejercen, se defienden y se conquistan cada día”. En ese recordatorio reside la esperanza. Las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo el pulso de la democracia, y mientras exista una sola dispuesta a resistir la asfixia, aún habrá futuro para la ciudadanía libre y el diálogo social en México.
