La crisis climática ya no es una proyección lejana: hoy se siente en el aire, en la salud y en el bolsillo. En este contexto, las decisiones energéticas de los gobiernos se han convertido en un tema central para la ciudadanía, los mercados y las organizaciones que apuestan por la sostenibilidad. En Estados Unidos, el regreso de políticas que priorizan los combustibles fósiles ha reabierto un debate que parecía superado y ha encendido alertas en múltiples sectores.
Según The Guardian, la llamada agenda ambiental de Trump ha generado una tormenta política, legal y social. Jueces, académicos, expertos en energía y líderes demócratas han cuestionado un modelo que, lejos de reducir costos, está incrementando las tarifas eléctricas y profundizando la crisis climática. Entre órdenes judiciales, subsidios implícitos al carbón y frenos a las renovables, el país enfrenta una contradicción que impacta tanto a su economía como a su reputación ambiental.
La agenda ambiental de Trump y el choque con la transición energética
Las políticas impulsadas desde 2024 buscan fortalecer al carbón, al petróleo y al gas natural, mientras se debilitan proyectos eólicos y solares. Este giro ha sido interpretado como un retroceso frente a los compromisos climáticos y a la evidencia científica que respalda a las energías limpias como las más rentables y eficientes.
Expertos sostienen que detener proyectos renovables ya en construcción es una decisión costosa e ilógica.
La energía eólica y solar representan hoy la vía más rápida y económica para ampliar la capacidad de generación, algo que contrasta con la narrativa oficial de “seguridad energética”.
En este escenario, la agenda ambiental de Trump aparece como un freno a la innovación y como un obstáculo para una transición que ya estaba en marcha, generando incertidumbre en inversionistas y comunidades que apostaron por un modelo energético más limpio.
Tribunales en pie de guerra contra el bloqueo a la energía eólica
Cuatro jueces federales, incluido uno designado por el propio Trump, ordenaron suspender temporalmente el bloqueo a cinco proyectos eólicos marinos en la costa este. Estas obras, valuadas en miles de millones de dólares, estaban cerca de entrar en operación. Las demandas señalaron que el gobierno no presentó pruebas suficientes para justificar las suspensiones, ni siquiera cuando invocó supuestas amenazas a la seguridad nacional.
Los tribunales consideraron que el daño económico y ambiental de detenerlos era mayor.
Este episodio reveló una tensión inédita entre el poder ejecutivo y el judicial, y reforzó la percepción de que la política energética responde más a intereses ideológicos que a criterios técnicos.
Carbón resucitado: una apuesta cara y contaminante
Mientras se frenan las renovables, cinco antiguas plantas de carbón en varios estados fueron obligadas a seguir operando. Estas instalaciones, con más de 50 años de antigüedad, requieren reparaciones costosas y emiten altos niveles de contaminantes. Reguladores estatales habían determinado que podían cerrar por ser antieconómicas. Sin embargo, el gobierno federal intervino, trasladando cientos de millones de dólares en costos a los consumidores.
La paradoja es clara: se reactivan fuentes que agravan el cambio climático y elevan las tarifas, justo cuando el mercado energético avanza hacia soluciones más limpias y baratas.
El impulso a las exportaciones de gas natural licuado (GNL) ha sido otro pilar de esta estrategia. En solo nueve meses, los hogares estadounidenses pagaron 12 mil millones de dólares adicionales en gas, mientras las exportaciones crecieron 22%. Expertos y organizaciones civiles advierten que esta política encarece el mercado interno, priorizando ganancias externas sobre la asequibilidad local. Incluso se ha presentado legislación para frenar estas exportaciones y aliviar las facturas.
Para muchos analistas, este enfoque contradice la promesa de reducir los costos energéticos y refuerza la idea de que la agenda ambiental de Trump favorece a grandes donantes del sector fósil.
Costos eléctricos al alza y una promesa incumplida
Entre 2024 y 2025, los precios de la electricidad subieron 5.1%, superando ampliamente la inflación general. Este aumento se ha convertido en una carga para millones de familias. Las autoridades argumentan que la demanda de energía, impulsada por centros de datos y nuevas tecnologías, exige más generación. Sin embargo, bloquear renovables y sostener plantas obsoletas no parece una solución sostenible.
La desconexión entre discurso y resultados ha generado un creciente descontento social y político, incluso dentro de sectores tradicionalmente favorables a la industria energética.
Reuniones privadas, donaciones millonarias y promesas a ejecutivos del sector han reforzado la percepción de favoritismo. La cercanía entre líderes políticos y magnates de los combustibles fósiles ha alimentado las críticas. Académicos señalan que este enfoque daña la credibilidad de Estados Unidos como actor climático global. Además, presionar a Europa para relajar normas ambientales en favor del GNL profundiza el conflicto.
La narrativa de “carbón limpio” y la descalificación de la energía eólica contrastan con la realidad: en 2025, el 93% de la nueva capacidad energética provendrá de renovables, simplemente porque son más baratas.
La agenda ambiental de Trump no solo redefine el mapa energético de Estados Unidos, también reabre un debate sobre el costo real de ignorar la ciencia y la economía. Más contaminación, tarifas más altas y conflictos legales muestran que el precio de este giro lo pagan los ciudadanos.
En un mundo que avanza hacia modelos sostenibles, persistir en una lógica fósil parece una apuesta de corto plazo. La historia energética de esta década podría recordarse como el momento en que se eligió entre el pasado y el futuro, y las consecuencias ya están a la vista.
