La producción global de alimentos y combustibles fósiles está generando un costo ambiental que asciende a 5.000 millones de dólares por hora, según el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO) elaborado por 200 especialistas para el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. El documento revela que estas actividades no solo agravan la crisis climática, sino que minan los cimientos económicos, sociales y políticos que sostienen la estabilidad mundial. Además, las cifras evidencian que las decisiones productivas actuales siguen ignorando su precio real para el planeta.
El GEO subraya que estas crisis no pueden seguir considerándose meros problemas ambientales, sino amenazas directas a la seguridad alimentaria, hídrica y humana. Los expertos advierten que frenar estos millones en daños ambientales es indispensable para evitar un colapso que ya se perfila como inminente si no se actúa a gran escala. A pesar de la complejidad geopolítica, el informe insiste en que la ciencia es clara, las soluciones existen y solo falta voluntad política.
Alimentos y combustibles fósiles: motores del deterioro ambiental
El sistema alimentario es, según el informe, el mayor generador de deterioro ecológico a nivel mundial, dado que la agricultura industrial utiliza grandes extensiones de tierra, demanda altos volúmenes de agua y depende intensamente de fertilizantes y pesticidas, procesos que generan contaminación, degradación del suelo y pérdida masiva de biodiversidad. Por ello, sus externalidades ascienden a 20 billones de dólares anuales en daños ambientales.
La producción y quema de combustibles fósiles, por su parte, representa uno de los problemas más graves, con 45 billones de dólares en daños anuales. El carbono emitido por carbón, petróleo y gas no solo alimenta el calentamiento global, sino que también provoca impactos sanitarios cuantiosos derivados de la contaminación del aire. A pesar del crecimiento de energías renovables, persisten los intereses económicos que frenan la transición.

Los expertos del GEO señalan que la inacción resulta mucho más costosa que implementar medidas de mitigación y adaptación. Según sus cálculos, los beneficios de la acción climática alcanzarán 20 billones de dólares al año para 2070 y podrán llegar a 100 billones para 2100. Ignorar esta realidad, advierten, solo agravará los efectos en cadena.
El informe también denuncia la existencia de 1.5 billones de dólares en subsidios perjudiciales a combustibles fósiles, minería y alimentos. Estos incentivos distorsionan el mercado, abaratan actividades contaminantes y bloquean alternativas sostenibles. Su eliminación podría reducir emisiones globales en un tercio, un impacto inmediato y significativo.
La magnitud del problema: millones en daños ambientales cada hora
El informe GEO establece con contundencia que las crisis climática, ecológica y de contaminación están interconectadas y se intensifican mutuamente. No se trata solo de millones en daños ambientales: estos procesos están socavando la seguridad hídrica, la salud humana, la estabilidad económica y la seguridad geopolítica.
Uno de los principales factores detrás de esta crisis es el crecimiento de la demanda global de alimentos y energía, mayoritariamente producidos bajo modelos extractivos que destruyen la naturaleza. Según el informe, cada hora se acumulan 5.000 millones de dólares en pérdidas derivadas de emisiones, contaminación y destrucción de ecosistemas. La agricultura industrial y los combustibles fósiles concentran la mayor parte de estos costos.
Los autores del estudio advierten que la situación geopolítica actual —con países clave resistiéndose a medidas ambientales— dificulta avanzar en soluciones globales. Aun así, destacan que la ciudadanía y el sector privado pueden impulsar cambios significativos, mientras el profesor Robert Watson reuerda que “la ciencia no es negociable”, aun cuando algunos Estados intentan limitar las referencias a combustibles fósiles o dietas sostenibles.

¿Qué podemos hacer? Recomendaciones del informe GEO
El informe GEO sostiene que es posible construir un futuro sostenible, siempre que exista voluntad política y compromiso multisectorial. Una de las recomendaciones principales es integrar las externalidades ambientales —estos millones en daños ambientales— en los precios de energía y alimentos, para que reflejen su impacto real. Esto crearía incentivos económicos para adoptar prácticas más limpias y reducir el consumo de bienes contaminantes.
Sin embargo, el informe también advierte que estas medidas deben acompañarse de redes de protección social. Incluir externalidades en los precios podría afectar a las poblaciones más vulnerables si no se implementan mecanismos de compensación como una renta básica universal o subsidios para alimentos saludables de origen vegetal.
Otra recomendación central es redirigir los subsidios dañinos hacia la transición energética y sistemas alimentarios sostenibles. Estos recursos podrían financiar energía solar y eólica, apoyos para productores agroecológicos y programas de restauración de ecosistemas. Este rediseño fiscal sería clave para acelerar cambios estructurales.
Finalmente, el informe subraya que la política ambiental debe convertirse en un componente esencial de la seguridad nacional y la estrategia económica, pues el margen de acción se reduce rápidamente, y retrasar medidas solo incrementará los riesgos. En palabras del profesor Edgar Gutiérrez-Espeleta copresidente del infrome y ex ministro de Medio Ambiente de Costa Rica:
“La ciencia es buena. Las soluciones son conocidas. Lo que se necesita es valentía para actuar a la escala y la velocidad que exige la historia”.

Un llamado urgente a transformar los sistemas
La evidencia presentada por el informe GEO confirma que la producción de alimentos y combustibles fósiles sigue impulsando una factura global que acumula millones en daños ambientales cada hora. Esta realidad no puede seguir tratándose como un asunto exclusivamente ecológico. Se trata de una emergencia económica, social y política que amenaza la estabilidad futura de las sociedades y desafía los modelos actuales de desarrollo.
Lograr un cambio profundo requerirá transformar los sistemas alimentarios, acelerar la transición energética, eliminar subsidios perjudiciales y fortalecer políticas públicas que integren justicia social y sostenibilidad. La ventana de oportunidad para actuar se está cerrando, pero aún es posible evitar un colapso mayor si gobiernos, empresas y ciudadanía asumen su papel en esta transformación histórica.







