Las incongruencias sobre el maíz transgénico

De manera deliberada e incongruente, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aseguran que al aprobarse las siembras experimentales en México no se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), a pesar de que no se seguirán los procedimientos estipulados en esta legislación y tampoco los preceptos del Protocolo de Cartagena, firmado por nuestro país, denunció Greenpeace.

A pesar de que la LBOGM estipula la necesidad de atender el principio precautorio ante la posibilidad de cualquier riesgo de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos, que implica el establecimiento de una moratoria a la liberación de dicho grano, tanto la Sagarpa como la Semarnat insisten en que sólo con la autorización de permisos para siembras experimentales se podrá controlar en flujo de transgénicos en el país.

“Resultan inexplicables las posturas de los titulares de Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, y de Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, quienes plantean que con la autorización de las siembras de maíz transgénico se evitarán más casos de contaminación en el país, ya que todas las solicitudes para estas siembras estarán controladas, cuando existen en México ocho casos de contaminación de cultivos tradicionales con variedades transgénicas (1), y han sido incapaces de resolverlos”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

A pesar de que está demostrada la imposible coexistencia de los cultivos transgénicos con los tradicionales y orgánicos, las autoridades federales le restaron peso al Régimen de Protección Especial del Maíz para darle paso a las siembras experimentales sin contar con la determinación de centros de origen y diversidad genética para este grano, como lo señala claramente la LBOGM (2). Ambas dependencias insisten en que este instrumento, así como las políticas públicas de protección, se construirán en paralelo a la autorización de cada solicitud de siembra, lo cual es ilegal y pone en riesgo las variedades de este grano existentes en todo el territorio mexicano.

Es decir, Sagarpa y Semarnat, proponen ir a ciegas sin tomar en cuenta las experiencias internacionales basadas en estudios científicos independientes que dan cuenta de los impactos negativos al medio ambiente, la imposible coexistencia de cultivos transgénicos y convencionales, al tiempo que plantean fuertes riesgos a la salud humana.

El propio reglamento de la LBOGM mandata en su artículo 16 fracción V (3) que se tomen en cuenta experiencias de otros países para que se anexe la información pertinente respecto a efectos de la liberación sobre el medio ambiente, y los estudios sobre los posibles riesgos de esta tecnología. Sin embargo, sólo retoman los casos de países como Argentina, Brasil o Estados Unidos donde se han implementado los transgénicos debido a que ya no fue posible aplicar medidas de remediación y se rebasó la capacidad de los gobiernos para contener la contaminación transgénica.

Los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana por la liberación de transgénicos al medio ambiente han sido documentados por científicos de Francia, Grecia, Hungría y Austria, países que impusieron una moratoria a la liberación de las variedades diseñadas por la empresa transnacional Monsanto.

“Es bien sabido que las corporaciones como Monsanto, al encontrar frenos a la liberación de sus variedades transgénicas, comienzan a contaminar los cultivos tradicionales. Esto ocurrió ya en Argentina y Brasil con soya transgénica y cuando los gobiernos de estos países se dieron cuenta de su incapacidad para hacerle frente a la contaminación procedieron a legalizar lo ilegal. ¿Es ésta la intención del presidente Felipe Calderón? ¿Para eso se reunió en Davos con Hugh Grant, presidente mundial de Monsanto?”, cuestionó Lara.

Si Sagarpa y Semarnat niegan que existan presiones de las transnacionales, entonces, ¿por qué pretenden autorizar las siembras experimentales sin tener concluido un marco de bioseguridad que incluya la implementación de un biomonitoreo en todo el país, con el objetivo de resguardar todas nuestras razas y variedades? ¿Por qué es necesario atender ahora las solicitudes de estas empresas que insisten en hacer siembras experimentales en los tres estados con mayor producción de maíz en México: Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas?

Hoy la Sagarpa reconoció que durante 2008 la producción de maíz mexicano rompió récord con 24.8 millones de toneladas en todo el país, y que esto se puede incrementar aún más con la implementación de proyectos y programas para reactivar la producción de este importante grano.

Entonces, ¿por qué tanta prisa del gobierno federal para transitar de un modelo agroalimentario dependiente de las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos, a otro con base en la dependencia de las grandes transnacionales que son dueñas de las variedades transgénicas, restándole importancia a la producción nacional que se sigue incrementando año con año?

Cabe destacar que, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció recientemente que es innecesario sembrar maíz transgénico en México para resolver los problemas de producción en el campo mexicano, ya que existen en el país variedades híbridas que responden a las demandas agronómicas del campo nacional y que no ponen en riesgo el medio ambiente ni nuestras variedades tradicionales de maíz (4).

Greenpeace exige a la Sagarpa y a la Semarnat dar prioridad para contener y remediar los casos de contaminación transgénica de maíz mexicano, antes de autorizar las siembras experimentales. Si se autorizan estas siembras, México perderá el centro de origen del maíz y se afectará de manera irremediable a las futuras generaciones al entregar el maíz mexicano a empresas transnacionales.