El rechazo a las prácticas corruptas en el ámbito privado no obedece únicamente a convicciones éticas. Es un mal negocio: aumenta los costos y daña reputaciones de personas y marcas. Hace más difícil el acceso al crédito; repercute en productos de menor calidad o peligrosos para las personas; y genera daños no solo en la economía sino también en el medio ambiente.
Si bien es habitual referirse a la corrupción como una práctica que involucra tanto a los funcionarios públicos que reciben una ventaja indebida como a los particulares que ofrecen o entregan esa ventaja o beneficio, las acciones contra la corrupción se han centrado tradicionalmente en la faz pública del problema.
Solo recientemente se ha puesto especial énfasis en la necesidad de adoptar medidas, predominantemente preventivas, que apunten al sector privado.
Hace pocos días el G-20 manifestó la necesidad de incrementar los estándares que enmarcan el comportamiento de los bancos respecto del manejo de fondos originados por prácticas corruptas.
Un poco antes, el Informe Global sobre la Corrupción 2009, presentado por la organización Transparencia Internacional en septiembre último, centró su atención –precisamente– en la realidad de la corrupción en el sector privado, sus efectos y las múltiples posibilidades, exploradas y por explorar, para combatirla en el seno mismo de las empresas.
Allí se informa que al menos la mitad de los hombres de empresa encuestados afirma que la corrupción representa al menos un incremento en el costo de sus emprendimientos de 10%.
La corrupción aumenta el costo de hacer negocios; introduce riesgos para la reputación de las empresas, que puede destruirse en caso de ser descubiertas; corroe la mística de sus integrantes; y propicia peores condiciones laborales.
La corrupción en el sector privado repercute, por otro lado, en una menor calidad y legitimidad de la democracia y de la vida pública, devastando la confianza de la ciudadanía en los actores principales del sistema político y económico.
La encuesta del Banco Mundial sobre el entorno de negocios y el desempeño empresarial del año 2000 muestra que cuanto más pequeña es la empresa es más fácil que la corrupción la perjudique. Y también revela que las empresas pequeñas pagan un porcentaje más alto de sus ingresos anuales en sobornos a funcionarios públicos y hacen pagos adicionales con mayor frecuencia que las empresas grandes.
Estrategias anti corrupción
La Convención de la OCDE para combatir el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales fue, en 1997, el primer instrumento legal en abordar el llamado “lado de la oferta de la corrupción”, ante la evidente necesidad de involucrar al sector privado en las estrategias anticorrupción.
El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción instó, a su vez, a los Estados parte a reforzar las medidas para prevenir la corrupción en el sector privado.
En 2004, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa que llama a las empresas a hacer suyos, apoyar y llevar a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de derechos humanos, laborales y ambientales, añadió un décimo principio sobre corrupción: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en cualquiera de sus formas, incluidas la extorsión y los sobornos”.
Además del abordaje basado en normas estatales, es menester una participación activa de la comunidad empresaria en la lucha contra la corrupción.
Esta idea se refleja en el desarrollo de principios de Responsabilidad Social Empresaria que implican adoptar medidas anticorrupción para preservar la reputación y el crédito, desarrollando controles internos y también externos sobre el desenvolvimiento corporativo.
La experiencia de los últimos años, al menos en el ámbito internacional, revela una intensa actividad regulatoria a través del establecimiento de códigos de conducta empresarial. Sin embargo, su efecto es limitado si no se los abona con una decidida y auténtica convicción de los valores que encarnan, expresada a través de capacitación, insistencia, aplicación y seguimiento, y verificación independientes, sancionando a quienes los infrinjan y premiando a los que los que los cumplan adecuadamente.
Vale la pena prestar especial atención, por otro lado, al protagonismo que deben adquirir en estas iniciativas los stakeholders, accionistas, inversores, medios de comunicación, trabajadores y sus organizaciones, así como la sociedad civil.
Nada de esto tendrá mayor éxito si no sintoniza con un liderazgo comprometido que ubique a la integridad como una de las metas esenciales de la empresa.
Debe pensarse, además, en incentivos para aquellos líderes empresariales que sostengan firmemente estas metas de integridad, así como también en garantizar protección a los empleados que den a conocer prácticas irregulares.
Los empleados son los actores más importantes en la detección y revelación de los fraudes corporativos y, por tanto, constituyen un pilar esencial en el combate a la corrupción en el sector privado: distintos estudios y análisis revelan que un importante porcentaje de los casos conocidos surge a partir de denunciantes y datos internos de las empresas.
Ello ha hecho que en varios países las empresas adoptasen mecanismos para favorecer las denuncias –como por ejemplo a través de atención telefónica adecuada– los que han demostrado ser eficaces y contribuyeron notablemente. Varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Japón, establecen mecanismos de protección legal de los whistleblowers, a quienes en algunos casos llegan incluso a recompensar con un porcentaje del dinero defraudado.
Lamentablemente, la Argentina viene incumpliendo las obligaciones que adoptó internacionalmente mediante la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ya que no ha adoptado ninguna norma que proteja a los denunciantes de buena fe de hechos de corrupción, pese a la existencia de un proyecto que elaboró la Oficina Anticorrupción en 2003.
Tampoco contamos con normas claras que regulen la actividad de lobby, que apunten a enmarcar la gestión de intereses dentro de los marcos de la legalidad y otorguen mayor visibilidad y control a quienes la desempeñan
Informalidad y escasa transparencia
Un estudio del año 2006 realizado por CIPPEC recogió, a través de más de 40 entrevistas en profundidad con diversos actores, las características de las prácticas del lobby empresarial prevalecientes en la Argentina, las que se demostró que se desarrollan en un ambiente de alta informalidad y poca transparencia. Allí se evidenció la importancia del poder económico y de los contactos personales de la empresa como activos decisivos en cuanto a la capacidad de incidencia de las compañías, factores que facilitan un acceso desigual y discrecional de los empresarios a los espacios de toma de decisiones.
Si se parte del supuesto de que la calidad de las políticas públicas aumenta en la medida en que el proceso de su formulación cuente con la voz de todos los afectados, la situación en nuestro país no ofrece un escenario propicio al respecto.
Las prácticas reflejaron, además, la debilidad de muchos espacios institucionales de participación y consulta, y la preferencia que se da al contacto bilateral por sobre la gestión colectiva a través de las asociaciones empresariales.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo Nacional se limita a cumplir con las exigencias de publicidad de agendas de los funcionarios, pero muchas veces esa registración es deficiente, ritual y de utilidad relativa.
CIPPEC está impulsando en este momento una investigación y consecuente propuesta para regular la gestión de intereses en el Poder Legislativo Nacional, corrigiendo las fallas que se han observado en el sistema aplicado por la administración pública y dando pie a un debate acerca del equilibrio necesario de voces con intereses contrapuestos en los momentos previos a la toma de decisiones políticas y, más específicamente, legislativas, que puedan afectar intereses empresarios, de la ciudadanía o de minorías con acceso limitado al debate público.
El Poder Legislativo no ha tomado medidas importantes para bloquear los previsibles riesgos de corrupción que entraña una actividad de lobby que puede mutar fácilmente en inadmisibles tráficos de influencia y conflictos de intereses, como las acusaciones cruzadas posteriores a los más importantes debates parlamentarios de los últimos tiempos dejan entrever.
La última evaluación realizada sobre la Argentina por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales hizo hincapié en la falta de conocimiento por parte del sector privado, tanto de las empresas como de las propias asociaciones empresarias, acerca de las normas anticorrupción globales, señalando la falta de códigos de conducta y de otras prácticas de prevención, como hotlines, adopción de cláusulas antisoborno en los contratos, comisiones de monitoreo u otros mecanismos de evaluación de riesgos de esta naturaleza. Allí también se destacó la debilidad de los mecanismos de control de la contabilidad y de la supervisión estatal sobre el devenir de las empresas.
El Informe de Transparencia Internacional muestra cómo diversas organizaciones de la sociedad civil han contribuido a revelar casos de falta de transparencia en la actividad corporativa y a resaltar las enseñanzas más importantes de la experiencia real de las empresas.
En nuestro medio se ha constituido recientemente el Centro ALAC, oficina integrante de Fundación Poder Ciudadano, que tiene como objeto asesorar a los testigos o víctimas de hechos de corrupción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra organización, Fundación Soporte, brinda ayuda, asesoramiento y contención a aquellos testigos de buena fe o arrepentidos de hechos de corrupción que deseen colaborar con las investigaciones de corrupción.
En ese contexto, CIPPEC cree que la sociedad civil debe fortalecer alternativas que vayan más allá de la formulación de denuncias y, en consecuencia, se halla embarcado en generar un espacio en el que el sector privado pueda revelar aquellos aspectos más significativos de esa experiencia sin estar sometido a represalias o riesgos para el desarrollo de su actividad pero, a la vez, contribuyendo a generar información relevante para revertir las prácticas irregulares que minan la actividad económica de nuestro país, su competitividad y su credibilidad global.
Entendemos que la adopción de acciones protagónicas en la lucha contra la corrupción es fundamental para poder afirmar la existencia de un necesario comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas.
