Por Leopoldo Lara Puente

¿Sirve de algo que los ciudadanos participemos en diseñar las reglas para convivir en comunidad?
¿Vale la pena insistir en que los ciudadanos debemos participar directamente en la ejecución de los presupuestos públicos, en la evaluación de las acciones del gobierno? ¿Es conveniente que eso ocurra?

Cuando me contagio por la apatía, me lo cuestiono intensamente. La evasión se presenta como una opción.

Sin embargo, hay motivos que me traen de vuelta: el compromiso de mantener como tal la comunidad segura y próspera que recibí de mis padres; el ambiente social que dejaré a mis hijas en herencia; la justicia y la equidad; y la certeza de que todo es posible cuando hay un interés legítimo y genuino por conseguirlo.

Hace unos días estuve en la ciudad de México.

A raíz de la intervención que realicé en la mesa sectorial sobre “Construcción de Ciudadanía” para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, he sido invitado a participar en otros foros. Uno de ellos, creo que de altísima prioridad para el país y para la democracia: el “mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Federal, para el diseño y construcción de manera conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político”.

Un nombre larguísimo, pero que entraña grandes compromisos: diseñar conjuntamente las políticas públicas que nos permitan a todos (tanto gobernantes como ciudadanos comunes) fijar las reglas de convivencia y entonces, por qué no, lograr esa comunidad que anhelamos para nosotros y para quienes vienen detrás.
No podré negarme a participar.

Además, existe un interés profundo en que se exponga ante ese “mecanismo”, el modelo que se desarrolló hace unos años en Nuevo Laredo, en el cual se abrieron los espacios para que muchos ciudadanos participaran de manera corresponsable con el gobierno municipal en la solución de asuntos de carácter social, económico y administrativo.

En aquél modelo, que está consignado en un reglamento autorizado, las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo, con mayor eficiencia y operatividad, muchas de las acciones que antes el gobierno realizaba en proyectos sociales. Son ejemplo que aun recordamos: la construcción y equipamiento con los rotarios de centros comunitarios como el San Juan Judas Tadeo; la ampliación de instalaciones como el de la Casa Enrique Tomás Lozano; la edificación del Centro Anspac; el invernadero de la Casa Hogar Elim; los hornos solares del Centro predignidad de la Mujer; y los biodigestores que instaló Ecoambiente Fronterizo, por hablar de algunos de los más de 70 que se llevaron a cabo en este esquema. Todos estos proyectos eran autorizados a su vez por ciudadanos especialistas en el tema de proyectos sociales, todo fue transparente y claro.

Los ciudadanos evaluaban también las acciones del gobierno a través de un Comité de más de 25 personas que se reunía mensualmente y que convocaba a los funcionarios a comparecer. Había que rendir cuentas y hacerlo de manera exhaustiva, aunque es un hecho, no todos lo entendían así.

También muchos ciudadanos decidían y administraban el presupuesto, a través de Institutos, sobre acciones específicas del gobierno como el fomento a la equidad de género; la competividad de la ciudad frente a otras; la planeación y el desarrollo urbano; y las políticas y acciones en materia de vivienda popular.

¿Y el Plan de Gran Visión 2040? Terminó siendo un plan conjunto con Laredo, Texas, elaborado por más de 7, 500 ciudadanos, lo que se conoció como la Región Laredo. Ambicioso proyecto para trabajar conjuntamente en todos los órdenes (social, económico, educativo, de planeación y administrativo) y así dar a conocer en el mundo a nuestras ciudades como una sola y ofrecer mayor competencia para atraer mas inversiones y talentos.

La paradoja es que todas esas actividades y planes, hoy, están estancadas. A pesar de la ley y reglamentos que aun siguen vigentes, la visión del gobernante en turno ha roto con ese ejercicio corresponsable. No creo, sin embargo, que sea capaz de contenerlo ya.

Alain Touraine decía que “la democracia no significa poder del pueblo, expresión tan confusa que se la puede interpretar en todos los sentidos y hasta para legitimar regímenes autoritarios y represivos; lo que significa es que la lógica que desciende del Estado hacia el sistema político y luego hacia la sociedad civil es sustituida por una lógica que va de abajo hacia arriba, de la sociedad civil al sistema político y de allí al Estado”.

En Nuevo Laredo, la sociedad civil impulsó ya su lógica, que es de participación activa, porque los retos que enfrentamos no se pueden solucionar si no lo hacemos conjuntamente. Las referencias son amplias y el historial largo y extenso.

Además se ha convertido, para nuestro orgullo, en modelo nacional, en motivo de investigación.

Ante ello, la apatía puede esperar.

Hoy, participo.

¿Y tú?

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