Según datos de Médicos Sin Fronteras (MSF), en los próximos doce meses la malaria matará a 1,2 millones de personas, la tuberculosis a 2 millones; 70.000 contraerán la enfermedad del sueño; 13 millones padecerán Chagas y 60.000 morirán de fiebre negra. La realidad es que no existen fármacos adecuados para combatir estas enfermedades ni sistemas de diagnóstico eficientes.
Mientras que los gobiernos han hecho gala de una incomprensible pasividad, la industria farmacéutica se ha centrado en las patologías de países ricos, con elevado nivel de compra. El resultado es un fuerte desequilibrio en la investigación: desde 1975 a 2004 se comercializaron 1.556 nuevos fármacos y sólo 20 de ellos (el 1,3%) tratan enfermedades tropicales.
El director de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), Bernard Pécoul, considera que «los gobiernos tienen la responsabilidad de apoyar el desarrollo de tratamientos contra este tipo de enfermedades». «Se ha investigado muy poco en las últimas cuatro décadas para combatir estas enfermedades. Podemos hablar de enfermedades olvidadas pero no podemos hablar, desde luego, de enfermedades minoritarias», advierte, en declaraciones a Ser Responsable.
También la ONG Farmamundi apunta a las administraciones públicas como principales garantes de la sanidad y del acceso a fármacos en países pobres. «Se debe favorecer que la industria asuma proyectos de menos rentabilidad gracias al apoyo de la administración y la creación de grandes consorcios que promuevan la investigación de nuevos fármacos», explica Antonio Bugeda, director del Área Logística Humanitaria de la organización.
«Es muy importante insistir en la necesidad de tener una administración pública sólida (sobre todo en los países en vías de desarrollo), y en avanzar en una legislación internacional, capaz, por ejemplo de definir lo que es innovación y lo que no es, de avanzar en la certificación de calidad, en la precalificación de fabricación, en nuevos modelos que premien la innovación, y en buscar alternativas al actual sistema de patentes de la Organización Mundial del Comercio», añade Bugeda.
Un problema de todos
Desde la patronal Farmaindustria entienden que el acceso a medicamentos es un problema que afecta a diversos agentes y que debe afrontarse a través de estrategias conjuntas de actuación público-privadas. «El acceso a medicamentos en países en vías de desarrollo es un problema de todos, en el que tienen mucho que ver las carencias en estos países en materia de infraestructuras y organización interna y que, en ningún caso, es responsabilidad única de la industria farmacéutica», afirma el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés.
En lo que respecta al mercado español, la patronal insiste en que «lleva tiempo reclamando al Gobierno un plan sectorial que implique una nueva forma de relaciones entre las compañías farmacéuticas y las administraciones, que se basen en la concertación y el diálogo». Además de «un mayor respeto a la propiedad intelectual», Farmaindustria exige al Ejecutivo un «marco de estabilidad y certidumbre regulatoria, que se reconozca la innovación en sus múltiples facetas y que se consolide una mayor coordinación de las políticas regionales».
«Este plan constituirá una oportunidad histórica que permitirá a la industria farmacéutica evidenciar su máximo compromiso con nuestro país, tanto en lo concerniente a inversiones como en la sostenibilidad del gasto público», señala Arnés.
Patentes e I+D
Cuando se habla de acceso a medicamentos se habla también, necesariamente, de patentes y es aquí, quizá, donde las diferencias entre los planteamientos de empresas y ONG se hacen más intensas. Según cifras del sector, lanzar un medicamento al mercado -es decir, que una molécula tenga éxito- requiere más de 10 años de investigación y alrededor de 800 millones de euros. Este esfuerzo se compensa con una patente que se prolonga hasta 20 años.
La patronal insiste -y para ello cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios- en que la propiedad intelectual debe protegerse al máximo, puesto que es el motor de la I+D. «El actual modelo de patentes es el que permite que se investiguen nuevos medicamentos que sigan contribuyendo a la salud de los ciudadanos; no podemos jugar con esto», subrayan desde Farmaindustria. Además, argumenta que el sector farmacéutico invierte un 10% de su beneficio en I+D, mientras que la media se sitúa en el 2%
Por su parte, las ONG sostienen que reforzar las patentes obstaculiza la llegada de los genéricos a aquellos pacientes que no tienen acceso a los fármacos de marca que pueden salvarles la vida o aliviar su sufrimiento. «Con demasiada frecuencia en los países donde trabaja MSF no podemos tratar a nuestros pacientes porque los medicamentos que necesitamos resultan demasiado caros», lamenta la presidenta de la ONG, Paula Farias.
Para organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Farmamundi no es justo decir que flexibilizar las patentes frena la I+D, dado que, según señalan, las empresas investigan fundamentalmente las enfermedades que afectan a los países ricos y, además, invierten mucho más en marketing que en investigación y desarrollo. «En la actualidad el porcentaje de innovaciones reales es muy pequeño y se utiliza la patente para proteger como innovación cosas que no lo son», advierten.
Crisis reputacional
La reputación del sector farmacéutico ha sufrido fuertes reveses en los últimos años debido, en buena medida, a los sonados escándalos que algunas de las más importantes empresas han protagonizado. Aunque la industria del medicamento se siente víctima de una suerte de leyenda negra alimentada por la literatura, el cine y el sensacionalismo mediático, lo cierto es que en los últimos años se ha producido un cambio y las grandes compañías han incorporado en su gestión sólidas estrategias de Responsabilidad Social que se apoyan en sistemas de autorregulación. «No se puede negar un giro explícito hacia el ciudadano en todas las actuaciones de los laboratorios farmacéuticos», afirman desde la misma la patronal.
Desde Farmaindustria consideran que «uno de los déficits de la industria farmacéutica que, probablemente, más ha contribuido a que su labor no siempre sea reconocida por la sociedad ha sido el de de la comunicación, y esa es la vía a la que más esfuerzos vamos a tener que dedicar si queremos que se conozca lo mucho y lo bueno que hacer este sector».
La apuesta que el sector ha hecho por la Responsabilidad Social se vislumbra en los datos que se registran en cuestiones como la igualdad de género, la conciliación de la vida laboral y familiar o la protección del medio ambiente.
Por ejemplo, el primer Monitor Español de Igualdad laboral (MEIL), elaborado por Adecco, Villafañe & Asociados y el Instituto de Empresa, refleja que el sectores farmacéutico es el más sensible a la igualdad de género, con un porcentaje de 2,5% sobre 3, por encima del sector seguros (2,3%), el de servicios (1,7%), el tecnológico (1,6%) o el hospitalario (1,5%), que cierra esta clasificación.
Además, en el ránking anual Best Workplaces, que analiza las mejores empresas para trabajar de 29 países, el sector farmacéutico sale muy buen parado. Así, el pasado ejercicio entre las 30 empresas con mejor clima laboral en España figuraban Lilly, Roche Farma, Novartis, Sandoz Farmacéutica y Merck, Sharp & Dohme.
Fuente: Ser responsable
