Por Edgar López
Ayer, en Palacio Nacional, hubo dos mensajes que van más allá de la coyuntura. Ambos muestran cómo el gobierno gestiona la responsabilidad: corrigiendo cuando la realidad lo exige y buscando disuadir conductas de riesgo mediante política pública.
1) “Fortalece a la institución, fortalece a la Marina”
Al referirse al caso de huachicol fiscal y las 14 detenciones que incluyeron a algunos elementos de la Secretaría de Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó:
“El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este… fortalece a la institución, fortalece a la Marina.”
Es una declaración potente y paradójica: un escándalo que primero golpea la reputación termina sirviendo para reforzarla.
2) “Es de salud, no recaudatorio”
En términos de gestión, es el equivalente a lo que pasó con Walmart de México y HSBC: se convirtieron en referentes en cumplimiento y prevención de lavado de dinero solo después de pagar multas millonarias y reconstruir su credibilidad.
La diferencia es que aquí no hay sanción económica ni proceso administrativo como en el sector privado. La Marina no paga una multa, pero sí asume el costo reputacional. La verdadera reparación está en que la ciudadanía vuelva a confiar en su integridad —confianza que, además, se traduce en legitimidad para el gobierno que las encabeza. Esa reputación es un activo que debe gestionarse con cuidado.
Sobre el nuevo IEPS a refrescos, tabaco y videojuegos, Sheinbaum puntualizó:
“Es de salud… Todo lo que se recaude va directamente a un fondo de salud.”
El ajuste incluye un incremento de 1.39 pesos por litro, aplicable también a bebidas light y sin azúcar, algo que ya genera debate público.
La propia presidenta mostró datos: 88 % de la gente sabe que el refresco es dañino, pero 29 % lo consume a diario.
Aquí cabe un paralelo con el sector privado: las refresqueras han diversificado su portafolio para incluir agua, jugos y opciones bajas en azúcar. Esto les permite llegar a más consumidores y mejorar su percepción pública. Sin embargo, el grueso de sus ventas sigue viniendo de refrescos.
De forma similar, el Estado sigue dependiendo de la recaudación, pero busca ahora vincular este impuesto a un propósito explícito de salud, lo que abre la puerta a algo indispensable: medir resultados.
De responsabilidad correctiva y disuasiva…
En un mismo día, el gobierno mostró dos caras de la responsabilidad: correctiva, cuando una crisis obliga a actuar, y disuasiva, cuando busca desincentivar hábitos de riesgo.
El reto es que ambas se conviertan en política sostenida: que la prevención de corrupción en la Marina sea norma, no excepción, y que el nuevo impuesto permita medir si de verdad mejora la salud pública.
Mientras el Estado busca disuadir, las empresas suelen reaccionar solo cuando la regulación las empuja. Observar si esta medida provoca innovación en productos y mensajes será clave para saber si el bienestar por decreto se convierte en bienestar compartido.
Y en un país donde las Fuerzas Armadas gozan de alta confianza, también toca hablar de cómo se fortalece su gestión.
Yo, por lo pronto, me sirvo una Coca y sigo revisando el acontecer. Al final, el bienestar por decreto y la responsabilidad a posteriori necesitan algo más que discursos: resultados.
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
