En pleno siglo XXI, millones de personas en Latinoamérica viven sin acceso confiable a energía suficiente, segura y asequible. Este fenómeno, conocido como pobreza energética, va más allá de no tener luz en casa: afecta la salud, la educación, la economía familiar y limita el desarrollo social. Aunque las cifras varían según el país, organismos internacionales advierten que millones de hogares aún no pueden cubrir sus necesidades energéticas básicas.
La pobreza energética también impacta la transición hacia energías limpias, un desafío crucial ante la crisis climática global. Resolver este problema requiere una comprensión integral, ya que involucra factores económicos, tecnológicos, sociales y ambientales. Conocer qué es la pobreza energética y cómo afecta a millones de familias es clave para diseñar políticas efectivas y generar soluciones sostenibles que no dejen a nadie atrás.
¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética se define como la dificultad o incapacidad de un hogar para acceder a servicios energéticos esenciales como iluminación, refrigeración, calefacción o cocción segura. No se trata únicamente de estar conectado a la red eléctrica, sino de poder costear y utilizar la energía necesaria para vivir con dignidad y bienestar.
Este concepto también abarca la calidad del suministro. Una vivienda con apagones frecuentes, electricidad de mala calidad o sin combustibles seguros para cocinar también se considera en pobreza energética. Por ello, evaluar este problema requiere medir tanto el acceso físico como la asequibilidad del recurso.
Además, qué es la pobreza energética implica comprender sus causas estructurales: bajos ingresos, altos costos de la energía, infraestructura deficiente y dependencia de combustibles contaminantes. Estos factores suelen coincidir y agravarse en comunidades rurales y urbanas marginadas, generando un círculo difícil de romper.
Cómo la pobreza energética afecta a las familias de Latinoamérica
Se estima que alrededor de 17 millones de personas en América Latina y el Caribe aún no tienen acceso a electricidad, y unos 75 millones carecen de combustibles limpios y tecnología segura para cocinar. Estas cifras ilustran la magnitud de la pobreza energética, una barrera estructural que golpea especialmente a los hogares más pobres, rurales o indígenas.
La pobreza energética limita la vida cotidiana y expone a millones de hogares a riesgos invisibles pero graves, entre los que se encuentran:
Salud deteriorada
Cocinar con leña, carbón u otros combustibles contaminantes en espacios cerrados produce humo tóxico que daña los pulmones y provoca enfermedades respiratorias crónicas. Mujeres y niños, que suelen pasar más tiempo dentro de los hogares, son los más afectados. Además, la falta de calefacción adecuada en climas fríos aumenta los riesgos de hipotermia y complicaciones cardiovasculares. La ausencia de electricidad también impide conservar medicamentos que requieren refrigeración, poniendo en peligro a personas con tratamientos específicos.
Educación comprometida
Cuando no hay iluminación confiable, los niños y adolescentes no pueden estudiar después de la puesta del sol, reduciendo su rendimiento escolar y limitando su desarrollo académico. Sin electricidad, muchas escuelas carecen de herramientas básicas como computadoras o proyectores, quedando fuera de los estándares educativos actuales. Además, la falta de acceso a internet impide que los estudiantes participen en clases virtuales o consulten recursos digitales, ampliando la brecha educativa. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad en comunidades marginadas.
Economía doméstica vulnerable
Los hogares que destinan una gran parte de sus ingresos al pago de energía o combustibles tienen menos recursos para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud y transporte. En áreas rurales, la dependencia de fuentes costosas y poco eficientes, como generadores diésel, eleva los gastos familiares. La falta de electricidad también reduce la posibilidad de emprender pequeños negocios en casa, como refrigerar alimentos para su venta. Esta situación impide que las familias acumulen ahorros y las deja expuestas a crisis económicas.
Aislamiento social
Sin energía confiable, muchas familias no pueden acceder a medios de comunicación modernos, quedando desconectadas de oportunidades laborales, programas de apoyo o alertas de emergencia. La imposibilidad de cargar un teléfono o conectarse a internet limita la participación ciudadana y el acceso a información vital. Además, no tener refrigeración ni transporte eléctrico básico impide conservar alimentos perecederos o trasladarse con facilidad. Este aislamiento refuerza la marginación de comunidades rurales o indígenas.
Mayor desigualdad
La pobreza energética golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, como mujeres, niños, adultos mayores y poblaciones indígenas. Al no poder costear tecnologías limpias, estas comunidades dependen de combustibles inseguros que dañan su salud y su entorno. Mientras las zonas urbanas avanzan hacia energías renovables, las áreas rurales permanecen rezagadas, ampliando la brecha social. La falta de inversión en infraestructura energética perpetúa esta exclusión y frena el desarrollo equitativo en la región.
Estos efectos no solo disminuyen la calidad de vida individual, sino que comprometen el desarrollo económico y social de toda la región, haciendo urgente una acción coordinada entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
Retos y soluciones para combatir la pobreza energética
Superar la pobreza energética requiere estrategias integrales que combinen innovación tecnológica, inversión en infraestructura y políticas públicas efectivas. Los programas que subsidian tarifas deben complementarse con proyectos de electrificación rural y el impulso de energías renovables locales.
Una solución clave es la generación distribuida, que permite a las comunidades producir su propia energía solar o eólica, reduciendo costos y mejorando la autonomía energética. Sin embargo, estas iniciativas necesitan financiamiento accesible y capacitación técnica para ser sostenibles a largo plazo.
También es esencial recopilar datos precisos para diseñar políticas basadas en evidencia. Muchos países carecen de diagnósticos claros sobre quiénes sufren pobreza energética, lo que dificulta medir avances y asignar recursos eficientemente.
Pobreza energética y transición hacia energías limpias
La meta global de reducir emisiones de carbono está estrechamente vinculada a la erradicación de la pobreza energética. Si bien la transición hacia energías limpias promete beneficios ambientales y sociales, corre el riesgo de dejar atrás a quienes no pueden costear tecnologías modernas.
Ampliar el acceso a energía limpia no solo mejora la salud y la productividad, sino que también fortalece la resiliencia ante desastres naturales y el cambio climático. Esto implica apoyar a hogares vulnerables con paneles solares, estufas eficientes o redes híbridas que combinen energías renovables y convencionales.
Invertir en soluciones equitativas asegura que la transición energética sea justa e inclusiva, generando empleos y desarrollo económico sin aumentar desigualdades. De lo contrario, la región podría enfrentar un doble desafío: contaminación persistente y comunidades marginadas energéticamente.
Garantizar el acceso a la energía: un compromiso pendiente
Comprender qué es la pobreza energética es el primer paso para reconocer su gravedad y actuar con urgencia. Este problema afecta a millones de familias en Latinoamérica, impactando su salud, educación, economía y oportunidades de desarrollo. No se trata solo de encender un foco, sino de garantizar un acceso seguro, asequible y sostenible a la energía.
La solución requiere voluntad política, inversión privada responsable y participación ciudadana. Combatir la pobreza energética no solo mejora la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, sino que también impulsa la competitividad y la estabilidad social en toda la región. Resolverla es un compromiso ético y estratégico que no puede posponerse.
