La firma de una nueva orden ejecutiva por parte de Donald Trump vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre seguridad nacional, producción agrícola y salud pública. La medida protege la fabricación de herbicidas a base de glifosato —incluido el herbicida de Bayer más emblemático del mercado estadounidense— en un momento en que la compañía enfrenta miles de demandas por presuntos daños a la salud.
El argumento oficial apela a la estabilidad del suministro alimentario y a la defensa nacional. Sin embargo, para defensores ambientales y expertos en salud pública, la decisión abre interrogantes éticos y regulatorios profundos. ¿Puede una política de seguridad económica justificar la ampliación de la producción de un producto vinculado por diversos estudios con riesgos oncológicos? El debate apenas comienza.
Seguridad nacional vs. litigios: el blindaje al herbicida de Bayer
La orden ejecutiva, firmada el 18 de febrero, invoca la Ley de Producción de Defensa para garantizar la extracción de fósforo elemental y la fabricación de glifosato en territorio estadounidense. En el documento, la Casa Blanca sostiene que cualquier amenaza de reducción en la producción comprometería la seguridad alimentaria y la preparación defensiva del país.
El trasfondo no es menor. El herbicida de Bayer, heredado tras la compra de Monsanto en 2018, está en el centro de una avalancha de litigios que alegan que la exposición prolongada al producto causa cáncer. La empresa ya ha desembolsado miles de millones de dólares en acuerdos y veredictos adversos.
Inmunidad legal y el futuro del herbicida de Bayer
Uno de los puntos más controvertidos es la cláusula que otorga inmunidad bajo la sección 707 de la Ley de Producción de Defensa. El texto establece que los productores que cumplan con la orden no podrán ser considerados responsables por actos derivados de su implementación.
En términos prácticos, esta disposición podría limitar la capacidad de los demandantes para continuar litigando contra fabricantes del herbicida de Bayer en ciertos contextos. El mensaje es claro: el gobierno federal prioriza la continuidad productiva sobre la incertidumbre judicial.
Desde la óptica de la responsabilidad social corporativa, la discusión va más allá de la legalidad. Se trata de reputación, licencia social para operar y confianza pública. Blindar la producción no necesariamente mitiga el riesgo reputacional ni responde a las preocupaciones de las comunidades afectadas.
La respuesta de la coalición Maha
La reacción fue inmediata. Integrantes de la coalición “Make America Healthy Again” (Maha) calificaron la medida como una traición a las promesas de revisar críticamente el uso de pesticidas.
Figuras del movimiento señalaron que enmarcar la producción de glifosato como un asunto de defensa nacional desvía la atención de los posibles impactos sanitarios. La crítica apunta a una narrativa que, según ellos, privilegia la continuidad industrial sobre la protección de la salud pública.
La tensión es particularmente significativa porque algunos líderes cercanos al movimiento habían respaldado la administración actual bajo el compromiso de revisar el modelo agroalimentario dominante.
La postura sanitaria y el peso de la evidencia
La orden ejecutiva y su hoja informativa no mencionan los estudios que han vinculado el glifosato con distintos tipos de cáncer. En 2015, expertos de la Organización Mundial de la Salud clasificaron el compuesto como “probablemente cancerígeno para humanos”, una evaluación que sigue siendo referencia obligada en el debate.
Aunque agencias regulatorias estadounidenses han sostenido que el producto es seguro cuando se usa conforme a la etiqueta, el contraste entre evaluaciones científicas alimenta la controversia. En el ámbito de la sostenibilidad, este tipo de discrepancias subraya la necesidad de transparencia radical y evaluación independiente.
Para el público general, la discusión puede parecer técnica. Para inversionistas y especialistas en ESG, representa un riesgo material que impacta valor de marca, gobernanza y resiliencia a largo plazo.
Bayer, estrategia legal y presión regulatoria
Bayer ha reiterado que sus productos a base de glifosato no causan cáncer. No obstante, enfrenta decenas de miles de demandas y recientemente propuso un acuerdo multimillonario para contener futuras reclamaciones.
Además, la empresa ha impulsado iniciativas legislativas estatales y federales para limitar demandas por omisión de advertencia cuando la Agencia de Protección Ambiental no exige etiquetas específicas. El caso incluso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha programado una audiencia clave en abril.
En este contexto, la orden ejecutiva funciona como un respaldo político estratégico, aunque no elimina por completo la incertidumbre jurídica.
Agricultura, dependencia química y dilemas estructurales
Más allá del litigio, el episodio revela la alta dependencia del modelo agrícola estadounidense de insumos químicos de amplio espectro. El glifosato es una herramienta central en sistemas de cultivo extensivo y su sustitución implicaría cambios productivos profundos.
El argumento gubernamental sostiene que interrumpir su producción pondría en riesgo la competitividad agrícola y el abastecimiento. Sin embargo, especialistas en sostenibilidad señalan que la resiliencia del sistema alimentario también depende de diversificación, innovación agroecológica y reducción de riesgos sanitarios.
El dilema es estructural: ¿cómo equilibrar productividad, salud y sostenibilidad sin trasladar los costos a comunidades vulnerables?
Entre la defensa y la confianza pública
La orden ejecutiva que protege la producción del herbicida de Bayer redefine el terreno del debate. Al ampararse en la seguridad nacional, la administración busca cerrar filas frente a la incertidumbre judicial. Pero el blindaje legal no resuelve las preguntas de fondo sobre impactos a la salud, transparencia científica y responsabilidad empresarial.
Para quienes observan el tema desde la responsabilidad social, el caso es paradigmático. Muestra cómo las decisiones regulatorias pueden influir en la percepción pública, en la gobernanza corporativa y en la legitimidad de todo un sector. En última instancia, la sostenibilidad no se decreta por orden ejecutiva: se construye con evidencia, diálogo y confianza social.
