En diciembre de 2025, el Congreso mexicano aprobó la nueva Ley General de Aguas y reformó la Ley de Aguas Nacionales, marcando un antes y un después en la gestión del recurso hídrico en el país. La decisión no fue menor: responde a una crisis estructural de disponibilidad, sobreexplotación y desigualdad en el acceso al agua. En este contexto, entender qué es la Ley Agua se vuelve clave para empresas, comunidades y autoridades.
Según un artículo de El Economista, el cambio no solo es técnico o administrativo; es profundamente conceptual. El agua deja de ser vista primordialmente como un insumo productivo y adquiere un peso jurídico reforzado como derecho humano bajo rectoría del Estado. Para el sector empresarial, esta transición implica revisar prácticas históricas, estructuras corporativas y modelos de gestión. La pregunta sobre qué es la Ley Agua ya no es teórica, sino estratégica.
Un nuevo paradigma hídrico: del recurso económico al derecho humano
Durante décadas, el agua fue gestionada en México bajo un esquema que permitía su aprovechamiento intensivo mediante concesiones relativamente flexibles. Con la reforma, el enfoque cambia de manera sustancial: se prioriza el acceso equitativo y la sostenibilidad del recurso por encima de su lógica mercantil.
Según Omar Aguilar, socio de la firma Pérez Correa González, la aprobación de estas reformas marca el fin de una era para el sector corporativo. El agua deja de tratarse legalmente como una mercancía y se consolida como un derecho humano con estricta rectoría estatal. Esta redefinición obliga a replantear estrategias de expansión, operación y gobernanza interna.
Para los equipos de cumplimiento y sostenibilidad, esto implica incorporar el agua como un eje central de gestión de riesgos y de responsabilidad social, no solo como una variable operativa.
Sectores bajo la lupa: ¿dónde estará la mayor presión?
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los sectores con mayor uso operativo del agua enfrentan el mayor nivel de exposición ante el nuevo marco. El sector agropecuario concentra el 76% del uso; el abastecimiento público, 14.8%; el sector energético, 4.1%; y el autoabastecimiento, 4.8%.
Estos porcentajes explican por qué la reforma genera especial preocupación en actividades intensivas en agua. No se trata solo de volumen, sino de trazabilidad, eficiencia y legitimidad social del uso del recurso.
Para empresas que ya operan bajo criterios ESG, la nueva legislación eleva el estándar. La gestión hídrica deja de ser una buena práctica voluntaria y se convierte en un elemento estructural de cumplimiento normativo.
Qué es la Ley Agua y cómo transforma las concesiones
Uno de los cambios más drásticos tiene que ver con el régimen de concesiones. Comprender qué es la Ley Agua implica entender que ahora cada empresa deberá contar con su propia concesión individual, sin importar si pertenece a un mismo grupo corporativo, es filial, subsidiaria o inquilina de un parque industrial.
Esto obstaculiza estrategias de fusiones y adquisiciones basadas en la transferencia o concentración de títulos de agua. Además, la reforma prohíbe el traslado o redistribución de agua entre empresas dentro de un mismo complejo industrial sin títulos individualizados.
El mensaje es claro: el uso del agua debe ser específico, transparente y jurídicamente sustentado por cada razón social. Las estructuras corporativas complejas ya no podrán apoyarse en concesiones compartidas o esquemas flexibles de redistribución.
De multas administrativas a riesgo penal
Otro punto de inflexión es el endurecimiento del régimen sancionatorio. Antes, incumplir con ciertas disposiciones implicaba una falta administrativa. Hoy, esas omisiones pueden convertirse en contingencias penales graves que se perseguirán de oficio.
Esto cambia radicalmente la conversación en los consejos de administración. No se trata solo de pagar una multa, sino de enfrentar posibles responsabilidades legales para directivos, administradores y responsables técnicos.
Regularizar títulos vencidos, verificar volúmenes autorizados y asegurar el uso correcto del recurso deja de ser una tarea operativa secundaria y se convierte en una prioridad estratégica. La inacción, como advierte Aguilar, puede resultar extremadamente costosa.
Transparencia y trazabilidad: el Registro Público del Agua
La reforma incorpora un seguimiento digital robusto a través del Registro Público del Agua. Esta base oficial publicará información sobre concesiones, derechos históricos y permisos legítimos, incluyendo los correspondientes a comunidades indígenas y afroamericanas.
El componente de transparencia es clave. Las empresas deberán asumir que su gestión hídrica estará sujeta a mayor escrutinio público, no solo gubernamental. En un entorno donde la reputación corporativa es un activo crítico, la exposición de datos puede influir en la percepción de inversionistas y comunidades.
Esta dimensión representa una oportunidad: fortalecer la narrativa de uso responsable del agua con evidencia verificable y trazable.
Qué es la Ley Agua para la estrategia corporativa
Más allá del cumplimiento legal, entender qué es la Ley Agua implica reconocer que la gestión del agua se convierte en un eje transversal de estrategia corporativa. La recomendación de expertos es clara: actuar de inmediato mediante auditorías integrales de vigencia y trazabilidad del uso del recurso.
Estas auditorías deben revisar no solo la vigencia de los títulos, sino la coherencia entre volúmenes concesionados y volúmenes efectivamente utilizados. Asimismo, se vuelve indispensable defender la titularidad y el volumen frente a posibles intentos de reducción por parte de la autoridad bajo criterios de concentración excesiva.
Como herramienta de blindaje regulatorio, las empresas deben fortalecer su gobernanza hídrica, integrar indicadores de desempeño y documentar rigurosamente sus procesos. La gestión preventiva será la mejor estrategia frente al nuevo entorno.
El agua como eje de competitividad y legitimidad
La reforma hídrica mexicana no es un ajuste menor, sino una redefinición estructural del vínculo entre Estado, empresas y sociedad en torno al agua. Comprender qué es la Ley Agua es, en realidad, entender que el recurso más estratégico del país ya no puede gestionarse con la lógica del pasado.
Para las empresas, el desafío es doble: cumplir estrictamente con el nuevo marco legal y, al mismo tiempo, construir legitimidad social en un contexto de escasez y alta sensibilidad pública. Aquellas organizaciones que integren la gestión hídrica en el corazón de su estrategia no solo reducirán riesgos, sino que fortalecerán su competitividad y su licencia social para operar en el México del futuro.
