El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante un jurado en el Tribunal Superior de Los Ángeles en un proceso que podría redefinir la conversación global sobre salud mental juvenil y plataformas digitales. Por primera vez, el fundador de la empresa testificó directamente frente a una joven que acusa a la compañía de haber diseñado funciones intencionalmente adictivas. El caso no solo interpela a una empresa, sino a todo un modelo de negocio basado en la economía de la atención. Y en ese escenario, Mark Zuckerberg enfrenta juicio bajo el escrutinio público más intenso de su trayectoria reciente.
De acuerdo con CNN, lo que está en juego trasciende una demanda individual. La joven demandante, identificada como Kaley, sostiene que fue enganchada desde los nueve años por funcionalidades de Instagram y YouTube que potenciaron ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas. Afuera del tribunal, padres de distintas partes del país sostienen fotografías de sus hijos, algunos fallecidos, en señal de protesta. En la sala, la tensión es palpable: la narrativa corporativa de “utilidad y valor” choca con testimonios que describen explotación emocional con fines de lucro. Así, Mark Zuckerberg enfrenta juicio en una batalla que combina responsabilidad empresarial, evidencia científica y ética digital.
Mark Zuckerberg enfrenta juicio: ¿diseño adictivo o servicio valioso?
Durante el interrogatorio, la parte demandante cuestionó si Instagram fue concebido para maximizar el tiempo de uso, apelando a correos internos de 2015 que mencionaban metas de incremento del 10% en el tiempo dentro de la aplicación. Zuckerberg reconoció que en el pasado existieron objetivos específicos de engagement, aunque defendió que la compañía evolucionó hacia métricas centradas en “utilidad y valor”.
La discusión no es menor. En el corazón del modelo de negocio de las plataformas digitales se encuentra la atención como activo estratégico. Para especialistas en responsabilidad social, la pregunta clave es si el diseño persuasivo cruza la línea hacia la manipulación conductual, particularmente cuando se trata de menores de edad.
Zuckerberg insistió en que su gestión fue “razonable” y que consideró aportaciones de expertos en bienestar. Sin embargo, el debate ante el jurado se concentra en determinar si la arquitectura digital fue un factor sustancial en los daños alegados.
Más allá del veredicto, el caso tensiona el concepto mismo de innovación responsable.
Políticas de edad bajo la lupa
Uno de los momentos más delicados del juicio se centró en el acceso de menores de 13 años a Instagram. Aunque la plataforma exige esa edad mínima para registrarse, documentos internos estimaban que millones de usuarios estaban por debajo del límite establecido.
Hasta 2019, la aplicación solo pedía confirmar que el usuario era mayor de 13 años, sin requerir fecha de nacimiento. Fue posteriormente cuando se implementaron controles más estrictos, seguidos en 2021 por solicitudes retroactivas de información etaria como parte de una estrategia de seguridad juvenil.
La demandante asegura que comenzó a usar la plataforma a los nueve años sin que se verificara su edad. Para expertos en gobernanza corporativa, este punto abre una discusión estructural: ¿la autorregulación tecnológica es suficiente cuando los incentivos económicos premian el crecimiento acelerado de usuarios?
Filtros, imagen corporal y libertad de expresión
Otro eje del litigio se centró en los filtros de “belleza” que alteran rasgos faciales. Según la parte acusadora, expertos consultados por la empresa advirtieron que estas herramientas podían resultar perjudiciales, especialmente para adolescentes.
La decisión final fue permitir filtros creados por usuarios, pero evitar su promoción directa por parte de la plataforma. Zuckerberg argumentó que el equilibrio entre libertad de expresión y seguridad fue determinante en esa resolución.
No obstante, la pregunta ética permanece: cuando una función puede amplificar estándares irreales de belleza y afectar la autoestima juvenil, ¿es suficiente con no promoverla activamente? Para el campo de la responsabilidad social, la omisión también comunica prioridades.
Testimonios que interpelan la narrativa corporativa
Mientras dentro del tribunal se discutían métricas y políticas, afuera padres relataban pérdidas irreparables. Julianna Arnold, madre de una adolescente fallecida, calificó como “intencional” la explotación de jóvenes con fines de ganancia. Meta, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que la demandante enfrentaba desafíos significativos previos al uso de redes sociales. La defensa argumenta que no existe consenso científico que demuestre causalidad directa entre plataformas y deterioro en salud mental.
El jurado deberá ponderar no solo documentos internos y testimonios, sino también la credibilidad de las partes. En litigios de alto perfil, la percepción de empatía y compromiso suele influir tanto como la evidencia técnica.
¿Ganancias antes que seguridad?
La discusión sobre si la empresa priorizó beneficios económicos sobre bienestar juvenil atravesó buena parte del interrogatorio. El abogado de la demandante cuestionó directamente si se “aprovechó” de adolescentes vulnerables. Zuckerberg defendió que una empresa razonable debe ayudar a quienes utilizan sus servicios y subrayó su compromiso filantrópico, incluyendo la promesa de donar el 99% de su patrimonio. Sin embargo, la filantropía no sustituye la responsabilidad en el diseño de productos.
Para analistas de ESG, el caso pone en evidencia la tensión entre desempeño financiero y gestión de riesgos sociales. La reputación corporativa ya no depende solo de resultados económicos, sino de la coherencia entre discurso y práctica.
Un precedente para la industria tecnológica
El resultado del juicio podría sentar referencia para cientos de casos similares. Si el jurado determina responsabilidad, las implicaciones económicas podrían ascender a miles de millones de dólares en indemnizaciones y forzar cambios estructurales en el diseño de plataformas.
Más allá del monto potencial, el precedente impactaría en estándares regulatorios y expectativas públicas. Las compañías tecnológicas enfrentarían presiones para transparentar algoritmos, reforzar controles de edad y rediseñar dinámicas de recomendación. En ese contexto, el proceso actual funciona como termómetro social: ¿hasta dónde debe llegar la innovación cuando interactúa con poblaciones vulnerables? La respuesta definirá el futuro de la gobernanza digital.
El juicio no solo examina la conducta de un ejecutivo, sino el modelo de interacción que ha moldeado a una generación. Cuando la tecnología se integra en la vida cotidiana desde la infancia, las fronteras entre servicio, dependencia y daño se vuelven difusas. El caso obliga a repensar la responsabilidad empresarial en entornos donde la influencia es constante e invisible.
La lección es clara: la sostenibilidad digital implica anticipar impactos psicosociales, no reaccionar a ellos. El veredicto marcará un hito, pero el verdadero desafío será construir plataformas donde la rentabilidad y el bienestar no compitan, sino converjan.
