La tecnología que prometía acelerar procesos, personalizar experiencias y ampliar oportunidades hoy enfrenta una de sus sombras más graves. Con apenas una fotografía, aplicaciones de inteligencia artificial permiten generar imágenes sexualizadas hiperrealistas sin consentimiento, abriendo una puerta peligrosa a nuevas formas de violencia digital. Este fenómeno no es un caso aislado ni una amenaza futura: es una crisis en tiempo real que ya impacta a millones de personas en el mundo.
De acuerdo con un artículo de El País, el reto no es solo comprender la dimensión tecnológica del problema, sino asumir su impacto humano. La facilidad con la que se crean estos contenidos ha desplazado el límite entre lo real y lo falso, pero no entre el daño y la impunidad. Hoy, los niños afectados por deepfakes no son una estadística distante, sino una alerta urgente sobre cómo la innovación sin gobernanza puede convertirse en un riesgo sistémico.
Una herida invisible que se multiplica
Según un informe de UNICEF, 1 de cada 25 menores en 11 países ha sido víctima de este tipo de abuso digital. La cifra alcanza a 1.2 millones de niñas y niños, incluyendo a México, Colombia, Brasil y República Dominicana.
Aunque las imágenes son falsas, el daño psicológico y social es completamente real.
María José Ravalli, jefa regional de abogacía y comunicación para América Latina y el Caribe, lo resume con claridad: la violencia no depende de la veracidad del contenido, sino de su intención y su impacto. Para muchas infancias, la experiencia se traduce en miedo, vergüenza y pérdida de confianza en los espacios digitales que deberían ser seguros.
Niños afectados por deepfakes: una amenaza que no distingue fronteras
La investigación, desarrollada junto con Innocenti, ECPAT International e INTERPOL, revela que hasta dos tercios de los menores encuestados temen que su imagen sea manipulada con fines sexuales. Esta percepción de inseguridad demuestra que el riesgo ya forma parte de su realidad cotidiana.
Países como Marruecos, Pakistán, Túnez y Serbia también fueron incluidos en el estudio, lo que confirma que no se trata de un fenómeno regional, sino global. La tecnología viaja más rápido que la regulación, y las brechas legales se convierten en zonas grises donde el abuso prospera.
Las plataformas digitales han integrado herramientas de IA sin evaluar de forma suficiente sus impactos sociales. Lo que comenzó como un recurso creativo hoy puede convertirse en un instrumento de humillación, extorsión y explotación. La rapidez con la que estos contenidos se difunden dificulta su rastreo y eliminación.
Esta dinámica también plantea retos para las autoridades, que enfrentan materiales hiperrealistas imposibles de distinguir de la realidad. La normalización de estas prácticas incrementa la demanda de contenido abusivo y perpetúa un ciclo de violencia que trasciende lo digital.
El riesgo empresarial que nadie quiere ver
Más allá del impacto social, este fenómeno representa un riesgo directo para las empresas: reputacional, legal, financiero y operativo. Plataformas que no previenen ni responden de forma eficaz se exponen a pérdida de confianza, boicots, sanciones regulatorias y salida de inversionistas con criterios ESG.
Desde una perspectiva de gobernanza, ignorar estos impactos equivale a fallar en la gestión de riesgos no financieros. Hoy, la protección de la infancia es un tema de continuidad del negocio, y las empresas que no lo integren en sus estrategias enfrentarán consecuencias estructurales, no solo mediáticas.
UNICEF propone tres ejes: alfabetización digital, regulación efectiva de plataformas y marcos legales que incluyan imágenes generadas por IA dentro de los delitos de abuso sexual infantil. Sin esta base, los esfuerzos empresariales quedan aislados y pierden alcance. La prevención también requiere formar a usuarios, familias y educadores. Cuando las comunidades reconocen el riesgo, se fortalece la denuncia y se reduce la tolerancia social hacia estas prácticas.
La responsabilidad social empresarial frente a la violencia digital infantil
La RSE entra aquí desde el plano ético y de derechos humanos. No se trata solo de mitigar riesgos para el negocio, sino de reconocer que las empresas participan activamente en la configuración de entornos digitales. Cuando una plataforma facilita daños previsibles y no actúa, deja de ser un actor neutral.
Desde la debida diligencia, las compañías deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de sus tecnologías. Esto implica rediseñar procesos, limitar usos abusivos, crear canales de denuncia accesibles y transparentar sus decisiones.
Finalmente, la empresa socialmente responsable no actúa sola. Incide en políticas públicas, colabora con organizaciones expertas y promueve estándares éticos comunes en la industria. Frente a los niños afectados por deepfakes, la RSE no es un accesorio: es el marco que define hasta dónde llega la innovación y dónde comienza la responsabilidad.
Esta crisis revela una falla profunda en la gobernanza tecnológica. No es solo un problema de software, sino de prioridades. La pregunta ya no es si la IA debe regularse, sino cómo hacerlo con la urgencia que la infancia necesita. En un mundo hiperconectado, proteger a los más vulnerables es el verdadero indicador de progreso. Y frente a esta realidad, cada decisión empresarial, cada política pública y cada línea de código cuentan.
