De subsidio cultural a política industrial creativa: el crédito fiscal del 30% ancla cadenas de valor y posiciona a México en el nearshoring audiovisual
El 15 de febrero de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció —y al día siguiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación— un nuevo esquema de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual. El instrumento central consiste en un crédito fiscal contra el ISR de hasta 30% del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto o proceso, condicionado a que al menos 70% de la proveeduría sea nacional.
“No es que una producción internacional llegue con todo y se vaya; aquí se tiene que desarrollar el talento mexicano”, señaló la presidenta durante el evento.
No es un detalle técnico menor. Es un cambio de arquitectura: pasa de apoyos directos dependientes del presupuesto anual a un mecanismo que activa inversión privada bajo reglas claras y con candados locales para garantizar derrama real en el país.
El anuncio no fue aislado. Se inserta en un paquete más amplio que incluye el fortalecimiento del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), un incremento del 25% al presupuesto del IMCINE para 2026, la permanencia normativa del FOCINE y la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual —presentada días antes—, que establece una cuota obligatoria del 10% de exhibición de cine nacional en salas.
Como afirmó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, el objetivo es que el sector “sea sostenible” y que los apoyos no se concentren en unos cuantos, sino que se democratice la producción.
El mensaje es inequívoco: el cine es cultura, pero también industria, empleo y soberanía narrativa.
De subsidio cultural a política industrial creativa
Durante años, producciones mexicanas migraron hacia países con mejores esquemas fiscales. Canadá, España o República Dominicana consolidaron sistemas de cash rebate y tax credits que hicieron financieramente más atractivo filmar fuera que dentro del país.
El nuevo crédito fiscal busca revertir esa lógica. Al exigir que al menos 70% del gasto se realice en territorio nacional y que exista participación de una productora mexicana, el incentivo no solo atrae producción: ancla cadenas de valor.
La productora Inna Payán lo explicó con claridad durante el evento: “Cada unidad de apoyo genera entre tres y nueve unidades de actividad económica agregada”.
Si esa estimación se confirma en la práctica, el impacto no es simbólico: es estructural, con potencial para posicionar a México como hub de nearshoring audiovisual en un contexto global favorable.
La diferencia con un subsidio directo es conceptual. Un subsidio depende del presupuesto anual; un crédito fiscal activa inversión privada bajo reglas claras. Es un instrumento de política industrial aplicado deliberadamente a un sector creativo.
Desarrollo sostenible en clave económica y cultural
En términos de desarrollo sostenible —entendido como crecimiento económico con cohesión social y continuidad institucional— el incentivo fortalece con claridad dos dimensiones.
Por un lado, genera empleo especializado, promueve industrias creativas de alto valor agregado y activa economías regionales sin recurrir a actividades extractivas. Por otro, consolida la producción audiovisual como patrimonio cultural y vehículo de identidad colectiva.
Como afirmó la presidenta, “la cultura es un derecho, no un privilegio”, pero el diseño del instrumento revela que también es considerada un sector productivo estratégico.
No se trata solo de producir contenido. Se trata de fortalecer una industria que forma talento, preserva memoria y construye narrativa nacional.
El cruce con EFICINE y el papel empresarial
El nuevo esquema no sustituye a EFICINE (artículo 189 de la Ley del ISR), que opera bajo una lógica de mecenazgo cultural con créditos fiscales acotados. Ambos instrumentos pueden coexistir y complementarse.
Aquí aparece una arista relevante para el sector corporativo. Las empresas pueden limitarse a aprovechar el beneficio fiscal. Pero también pueden integrarse como actores dentro de un ecosistema creativo fortalecido.
El incentivo incluye largometrajes y series documentales, un formato con implicaciones estratégicas profundas. El documental puede convertirse en vehículo para abordar asuntos del país: desarrollo regional, transformación industrial, innovación tecnológica, historia empresarial o legado institucional.
En ese punto, la discusión trasciende lo tributario. El audiovisual puede ser instrumento de documentación, reputación y memoria económica. La diferencia radicará en el enfoque: uso táctico para optimización fiscal o participación estratégica en la construcción de narrativa pública.
Más que cultura
El evento dejó ver una visión sistémica: formación, regulación, producción, exhibición y preservación como partes de una misma arquitectura.
Eso se parece menos a un programa cultural tradicional y más a una política industrial creativa.
La pregunta de fondo no es si el cine merece apoyo. La pregunta es si México logrará consolidar este modelo como estrategia de largo plazo.
Por ahora, el mensaje es contundente: el cine regresa al centro de la política pública como sector económico estratégico.
Y cuando un país decide tratar su industria audiovisual como industria —y no solo como expresión cultural— cambia la conversación. No solo sobre cine. Sobre desarrollo.
