El debate sobre cómo financiar la respuesta global al cambio climático ha entrado en una fase decisiva. En un contexto marcado por desastres cada vez más frecuentes, desigualdades profundas y una crisis de confianza en los sistemas fiscales, la ONU vuelve a poner sobre la mesa una idea que durante años fue considerada políticamente inviable: que quienes más contaminan contribuyan directamente a reparar el daño causado. Hoy, la conversación ya no gira solo en torno a metas ambientales, sino a la arquitectura económica que las hace posibles.
De acuerdo con The Guardian, en este escenario, la propuesta de un impuesto climático se perfila como un punto de inflexión para la gobernanza global. No se trata únicamente de recaudar recursos, sino de redefinir responsabilidades históricas y abrir una vía de justicia para los países más golpeados por la crisis. Mientras las negociaciones avanzan en Nueva York, el mundo observa si esta vez el discurso se traducirá en reglas claras y vinculantes.
El llamado a que “quien contamina pague”: el impuesto climático como eje del nuevo debate
Las conversaciones sobre un tratado fiscal global han regresado a la sede de la ONU con una consigna central: hacer que los grandes contaminadores asuman parte del costo de la crisis climática. Decenas de países respaldan reglas más estrictas para que las ganancias extraordinarias de las petroleras no queden al margen de la responsabilidad ambiental.
Este impulso busca conectar dos crisis que hasta ahora se han tratado por separado: la climática y la fiscal. Para muchos negociadores, el impuesto climático no es solo una herramienta financiera, sino una señal política de que el modelo extractivo ya no puede sostenerse sin rendir cuentas.
El reto es que este principio no quede diluido en declaraciones generales. Los países en desarrollo reclaman que el texto final establezca con claridad cómo se vincularán los tributos ambientales con los compromisos climáticos reales.
Países vulnerables: cuando el clima destruye economías enteras
Para naciones expuestas a huracanes, sequías e inundaciones, la discusión no es teórica. Jamaica, por ejemplo, vio desaparecer en una noche el equivalente al 40 % de su PIB tras el paso del huracán Melissa, una experiencia que ilustra la urgencia de un sistema más justo.
Delegados de estas regiones subrayan que sin recursos propios no hay resiliencia posible. Depender de préstamos y deuda solo profundiza la fragilidad, mientras que un esquema fiscal global permitiría reconstruir de forma sostenible.
En este contexto, la tributación ambiental se convierte en una palanca de desarrollo. La demanda es clara: no puede haber sostenibilidad sin integrar el cambio climático en el diseño de las normas fiscales internacionales.
Un proceso lento y lleno de resistencias
El tratado, impulsado originalmente por países africanos en 2022, ha avanzado con lentitud. La salida de Estados Unidos de las conversaciones y la preferencia de algunos países ricos por discutir estos temas en la OCDE han generado tensiones sobre quién debe liderar la agenda.
Para muchos Estados, la ONU sigue siendo el único foro verdaderamente inclusivo, donde todas las voces tienen peso. Sin embargo, las propuestas iniciales se han suavizado, eliminando incluso la idea de un registro global de activos que facilitaría gravar a los ultrarricos.
Esta resistencia refleja un temor persistente: que un sistema fiscal más justo altere el statu quo económico. Aun así, la presión de la sociedad civil y de los países más afectados no deja de crecer.
Desigualdad global y beneficios extraordinarios
Mientras comunidades enteras luchan por sobrevivir, las cifras muestran un contraste extremo. El 0.001 % más rico del planeta acumula más riqueza que la mitad más pobre de la población, una brecha que sigue ampliándose.
Las petroleras, por su parte, han obtenido beneficios récord, impulsados por la volatilidad de los precios tras conflictos geopolíticos. Organizaciones como Eurodad estiman que un recargo del 20 % sobre las mayores productoras habría generado más de un billón de dólares desde 2015.
Este escenario refuerza el argumento de que el impuesto climático no es una penalización, sino una corrección necesaria para equilibrar un sistema profundamente asimétrico.
Paraísos fiscales: el agujero negro de la recaudación
La Red de Justicia Fiscal calcula que los países pierden casi 500 mil millones de dólares al año debido a la evasión facilitada por paraísos fiscales. Este dinero podría financiar infraestructura resiliente, transición energética y protección social. Sin mecanismos globales, los esfuerzos nacionales quedan limitados. Las empresas pueden trasladar ganancias y los individuos más ricos esconder activos, debilitando cualquier intento de tributación progresiva.
Por ello, la convención busca cerrar estas brechas mediante normas comunes. Solo así se podrá garantizar que los recursos fluyan hacia quienes más los necesitan.
Justicia climática y corresponsabilidad histórica
Para pequeños Estados insulares como Tuvalu, la crisis climática no es una amenaza futura, sino una realidad diaria. Sus representantes recuerdan que quienes menos han contribuido al problema son quienes enfrentan las peores consecuencias. Desde esta perspectiva, el impuesto climático se convierte en una herramienta de justicia, al reconocer la responsabilidad histórica de los mayores emisores y su obligación de apoyar a los más vulnerables.
Activistas insisten en que la tributación ambiental progresiva puede reducir desigualdades y fortalecer la cooperación internacional, alineando economía y sostenibilidad.
Hacia un nuevo pacto fiscal global
Algunos países ya exploran impuestos al consumo de combustibles fósiles, pero solo un acuerdo amplio permitiría gravar directamente la extracción y el patrimonio de los ultrarricos sin provocar una “carrera hacia el fondo”.
Estudios muestran que un impuesto anual de hasta 5 % sobre grandes fortunas podría recaudar 1.7 billones de dólares al año. Si se coordina globalmente, este mecanismo reduciría la evasión y ampliaría la base de recursos. El respaldo reciente de países como el Reino Unido al principio de “quien contamina paga” sugiere que el consenso, aunque frágil, comienza a tomar forma.
La propuesta de la ONU no es solo un ajuste técnico, sino un intento de redefinir las reglas del juego en una era marcada por la catástrofe climática. Vincular la tributación con la sostenibilidad implica reconocer que la economía global debe transformarse si quiere seguir siendo viable.
Si las negociaciones logran concretar un acuerdo ambicioso, el mundo podría dar un paso histórico hacia una gobernanza más justa. El desafío ahora es convertir la voluntad política en un sistema que haga realidad la promesa de que, esta vez, los costos no recaigan sobre quienes menos han contribuido al problema.
