Los litigios climáticos han pasado de ser una herramienta marginal de activismo a convertirse en un mecanismo central para exigir rendición de cuentas frente a la crisis climática. Ante la incapacidad de la política internacional y de las negociaciones multilaterales para generar compromisos vinculantes, cada vez más comunidades recurren a los tribunales como último recurso para proteger sus medios de vida.
Este cambio de estrategia tiene implicaciones profundas para la agenda de responsabilidad social empresarial. Lo que durante años fue considerado una responsabilidad ética hoy se perfila como una obligación jurídica, especialmente frente a los juicios climáticos en 2026, que colocarán a grandes corporaciones bajo el escrutinio de cortes nacionales e internacionales.
Empresas bajo la lupa: Shell, Holcim y TotalEnergies ante los juicios climáticos en 2026
En 2026 se prevén decisiones clave en procesos judiciales contra Shell, TotalEnergies y el gigante cementero suizo Holcim. Estos casos marcan un punto de inflexión, al buscar atribuir responsabilidad legal directa a empresas por su contribución histórica y actual al calentamiento global, más allá de los compromisos voluntarios asumidos en materia climática.
Las demandas provienen de contextos diversos. En Filipinas, sobrevivientes de un tifón ocurrido en 2021 reclaman daños y perjuicios a Shell por su papel en el calentamiento global. En Indonesia, habitantes de una isla vulnerable a inundaciones acusan a Holcim de no reducir de forma suficiente sus emisiones, sentando un precedente inédito para empresas suizas.
TotalEnergies también se encuentra en la mira de los tribunales, como parte de una ola de litigios que cuestionan la coherencia entre los discursos de transición energética y las decisiones de inversión en combustibles fósiles. Estos casos reflejan una creciente exigencia de alineación entre estrategia corporativa y ciencia climática.
De cara a los juicios climáticos en 2026, el mensaje es claro: la responsabilidad climática ya no se limita al ámbito reputacional. Para las empresas con alta huella ambiental, el riesgo legal comienza a consolidarse como un componente crítico de la gestión ESG y de la gobernanza corporativa.
El auge global del litigio climático y su expansión al Sur Global
El contexto en el que se desarrollan estos procesos explica su creciente relevancia. De acuerdo con Naciones Unidas, solo en 2024 se presentaron más de 200 nuevos casos climáticos, y desde el primer litigio registrado en 1986 hasta junio de 2025 se han acumulado cerca de 3,000 demandas en 60 países.
Una característica central de esta tendencia es su expansión en el Sur Global, que representa casi el 60% de los casos presentados desde 2020. Países como Brasil se han posicionado como actores clave, con 135 casos, muchos de ellos relacionados con deforestación ilegal y daños ambientales.
Estados Unidos sigue siendo el país más litigioso, con casi 2,000 casos acumulados, pero el aumento de demandas en América Latina, Asia y África revela una búsqueda de justicia climática por parte de comunidades altamente vulnerables a los impactos del cambio climático.
Para la agenda de responsabilidad social, este escenario refuerza la necesidad de una diligencia debida climática con enfoque territorial. Los juicios climáticos en 2026 podrían consolidar estándares legales que obliguen a las empresas a considerar impactos más allá de sus países de origen.
Precedentes, tensiones legales y riesgos de retroceso climático
Algunos fallos recientes ya han sentado bases jurídicas relevantes. En Alemania, aunque un tribunal desestimó la demanda de un agricultor peruano contra la empresa energética RWE, reconoció que las compañías pueden ser responsables de sus emisiones, un precedente clave para futuros casos.
A nivel internacional, el tribunal más alto de las Naciones Unidas emitió una opinión señalando que los Estados deben cumplir sus compromisos de reducción de emisiones o enfrentar posibles compensaciones. Esta interpretación fortalece los argumentos legales que vinculan derechos humanos y acción climática.
No obstante, el litigio climático también enfrenta tensiones. A través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), empresas energéticas han demandado a gobiernos por políticas climáticas que afectan sus ganancias, generando un efecto disuasivo sobre la regulación ambiental.
Según el Grantham Research Institute, en 2024 el 27% de los nuevos casos climáticos buscaron retrasar o debilitar políticas públicas, principalmente en tribunales estadounidenses. Este contexto complejiza el impacto real de los juicios climáticos en 2026, al coexistir avances y retrocesos legales.
Cuando la justicia climática redefine el rol de las empresas
Las resoluciones que se dicten en 2026 en los casos contra Shell, Holcim y TotalEnergies podrían marcar un antes y un después en la relación entre empresa, clima y derechos humanos. Más allá de los resultados individuales, estos procesos están redefiniendo los límites de la responsabilidad corporativa en un contexto de emergencia climática.
Para las organizaciones comprometidas con la responsabilidad social y los criterios ESG, los juicios climáticos en 2026 son una señal inequívoca: la inacción climática conlleva riesgos legales, financieros y reputacionales crecientes. Anticiparse a este escenario implica pasar del discurso a la acción, integrando el clima como un eje central de la estrategia de negocio y de la gobernanza corporativa.
