Expertos que integran el Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red del Agua UNAM coincidieron en que es positiva para el país de la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que el nuevo marco legal en materia hídrica, aprobado por el Congreso, siempre y cuando vaya acompañado de un presupuesto suficiente para materializar la intención de recuperar la rectoría del Estado y garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso.
Los expertos consideraron que las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal. Sin embargo, “no incluyen incentivos que hubieran sido muy pertinente incluir, para mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente del sector agrícola, que consume 76% del recurso nacional”, estableció Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.
Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua celebró que el tema hídrico sea prioritario en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “no era una prioridad nacional en administraciones pasadas y ahora sí lo es. Son leyes que dan certidumbre, transparencia y orden en el uso del agua. Sin embargo, será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país”.
Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que los países deben invertir al menos 1% de su PIB en materia hídrica. En el caso de México, esto representa alrededor de 350 mil millones de pesos por año. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se destinó alrededor de 36 mil 200 millones de pesos, apenas 10% de esa cantidad, lo que resulta claramente resulta insuficiente para los fines de las leyes aprobadas.
Al respecto, Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, subrayó que estamos viviendo lo que podría convertirse en la transformación jurídica más profunda del sector hídrico mexicano en más de una década, pues desde la incorporación del Derecho Humano al agua y al saneamiento en 2012, el país no había enfrentado una revisión tan amplia y compleja de su marco legal.
“Sabemos que no basta con tener una ley: necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública”, explicó Arriaga.
Entre los puntos considerados positivos por los expertos destacan la incorporación explícita del derecho humano al agua como eje de la Ley; un enfoque más estricto para el uso y recuperación de acuíferos y el esfuerzo por ordenar la relación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de gestión.
En ese sentido, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, advirtió que el país enfrenta un reto estructural que va más allá del diseño normativo:
“México vive una crisis hídrica que no se resolverá sólo con una nueva Ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”.
Los expertos coincidieron en que el desafío con esta nueva Ley es lograr que las disposiciones legales se transformen en acciones efectivas de gestión, distribución, protección de acuíferos e infraestructura. Pues solo entonces podrá afirmarse que el país avanza hacia una gobernanza del agua más justa, moderna y sostenible.
En relación al reciente diferendo entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la entrega de aguas fronterizas de acuerdo con el tratado binacional en la materia, los especialistas consideraron que el Gobierno de México está tomando cartas en el asunto como lo explicó la propia Presidenta Sheinbaum, para cumplir con en los plazos y términos contemplados en el propio Tratado, sin comprometer la disponibilidad.
Este tema, así como la aprobación de las reformas al marco legal en materia hídrica resaltan la importancia del trabajo coordinado entre sociedad, academia, sectores productivos y gobierno, para garantizar que sea efectivo el derecho humano al agua, en un contexto de justicia social y desarrollo para todos.
