Por Edgar López
Durante mucho tiempo, la sostenibilidad corporativa fue presentada como un acto de voluntad. Quien escuchara a las empresas pensaría que todo dependía de convicción, de cultura, de valores: reducir emisiones porque es lo correcto, cuidar la cadena de suministro porque así debe ser, integrar la diversidad porque es lo justo.
Pero, en los últimos años —y cualquiera que trabaje cerca del tema lo sabe—, la sostenibilidad dejó de sentirse voluntaria. Se volvió normativa. Las reglas europeas crecieron en complejidad, los marcos de debida diligencia se multiplicaron, y el mundo financiero empezó a exigir evidencia por razones de riesgo más que por razones de propósito. Las empresas respondieron construyendo un aparato de cumplimiento tan grande como el marco que lo originó.
Y, en cuestión de semanas, tres eventos recientes terminaron coincidiendo en el calendario. No transforman el panorama, pero sí ofrecen indicios interesantes sobre el lugar en el que realmente nos encontramos.
Europa movió la primera pieza. El Parlamento aprobó un ajuste que aligera de manera significativa la obligatoriedad para miles de empresas pequeñas y medianas. La CSDDD ya no aplicará a compañías por debajo de los nuevos umbrales europeos (tamaño, facturación y número de empleados), lo que excluye a miles de pymes del cumplimiento estricto. Además, desaparece la sanción automática del 5 % de la facturación global y se eliminan obligaciones duplicadas —como presentar un plan de transición climática adicional cuando ya existían varias normas que pedían lo mismo.
No fue un giro ideológico, sino un acto de realismo administrativo. Bruselas mantiene el objetivo, pero reconoce que había construido un andamiaje demasiado pesado para empresas que no pueden sostenerlo. El marco sigue en pie, solo que ahora es más corto, más manejable y —al menos en teoría— más útil.
En Estados Unidos, la señal fue distinta. Cuando la administración Trump anunció que flexibilizaría las reglas que obligaban a los autos nuevos a ser cada vez más eficientes en combustible —en pocas palabras, menos presión para hacer coches que gasten menos gasolina o que sean eléctricos— el mercado lo entendió de inmediato: habría menos riesgo de multas, menos inversiones obligatorias y más espacio para seguir vendiendo los modelos grandes que dominan el mercado estadounidense. La reacción fue inmediata: Porsche +5,25 %, Renault +5,7 %, Stellantis +4,8 %, Mercedes +3,9 %, Volkswagen +3,2 % y Volvo +2,5 %. Las empresas no movieron un dedo; lo único que cambió fue la expectativa regulatoria.
En Detroit, la señal vino del consumidor. Al expirar el crédito fiscal federal de 7 500 dólares para autos eléctricos, las ventas de EV de Ford cayeron 61 %, mientras que las de híbridos aumentaron 147 %. No fue un cambio de convicción: fue un ajuste al precio real.
Para Ford, el efecto es tangible. La compañía ya evalúa cancelar la versión eléctrica de la F-150 Lightning, y GM y Stellantis analizan ajustes similares. No porque la electrificación haya dejado de importar, sino porque sin incentivos la ecuación económica deja de cerrar.
El mensaje es simple: cuando cambia el incentivo, cambia la demanda; y cuando cambia la demanda, la industria recalibra.
Son hechos independientes. Pero, puestos uno al lado del otro, dejan ver algo que conviene reconocer con más calma: la sostenibilidad corporativa ha estado orbitando alrededor del regulador y de los criterios de riesgo durante más tiempo del que a veces admitimos.
En Europa, esa órbita produjo sistemas, reportes, matrices, proveedores, metodologías, auditorías y equipos enteros cuya razón de ser era cumplir. Un ecosistema que ahora, con una regulación aligerada, tendrá que justificar su tamaño, su forma y su propósito.
En Estados Unidos, la moderación regulatoria se tradujo de inmediato en valor bursátil. Y en el caso de Ford, la ausencia de incentivos reorganizó la demanda de un día para otro.
No es que las empresas hayan cambiado de postura. Es que el entorno cambió alrededor de ellas, y eso siempre altera el mapa.
¿Qué viene entonces? Probablemente una etapa en la que parte del aparato creado para cumplir se ajuste, se reduzca o se integre en otras funciones. No por desinterés, sino porque ya no estará sostenido por la misma presión normativa.
Y, al mismo tiempo, queda abierta una oportunidad para que la sostenibilidad recupere su dimensión estratégica —la que había quedado opacada por la avalancha de requisitos, matrices y plataformas—: la de leer riesgos, anticipar tendencias, entender al consumidor, interpretar señales del mercado y adaptarse a tecnologías que transforman industrias completas.
El regulador podrá subir o bajar el volumen. Los incentivos podrán cambiar. El mercado podrá moverse. Pero los riesgos —ambientales, sociales, tecnológicos, reputacionales— seguirán ahí.
Y, tarde o temprano, la sostenibilidad tendrá que vivir donde siempre debió vivir: en la inteligencia estratégica, no solo en el cumplimiento.
A veces, lo único que hace falta es que el regulador baje un poco la voz para ver el horizonte con más claridad. Como cuando uno enciende el limpiaparabrisas.
Y para quienes trabajamos en este campo, la señal es nítida: este es un buen momento para recordar dónde está el trabajo que realmente importa.
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
