Una cuarta parte de la población mundial vive a menos de cinco kilómetros de un proyecto de combustibles fósiles activo. Esto significa que más de dos mil millones de personas podrían estar viendo comprometida su salud y su entorno, según una investigación revelada por Amnistía Internacional. No se trata de una amenaza futura, sino de un riesgo de los combustibles fósiles que ya está dejando huellas visibles: aire irrespirable, agua contaminada y tierras degradadas.
El estudio, compartido con The Guardian, mapea más de 18,300 yacimientos de petróleo, gas y carbón en 170 países. Estas infraestructuras —pozos, plantas, oleoductos— forman un cinturón invisible de contaminación que atraviesa el planeta y pone en entredicho la promesa del desarrollo sustentable. El informe no solo ofrece datos, sino un llamado urgente: detener una crisis que entrelaza salud, derechos humanos y justicia ambiental.
Zonas de sacrificio: donde la salud paga el precio del progreso
El riesgo de los combustibles fósiles no es una metáfora: casi 463 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un yacimiento, incluidos 124 millones de niños. La exposición constante a gases, llamaradas y derrames se traduce en enfermedades respiratorias, cáncer y partos prematuros. Las comunidades más vulnerables —pueblos indígenas, barrios de bajos ingresos y zonas rurales— se convierten en “zonas de sacrificio”, pagando el costo humano del crecimiento económico.
Amnistía Internacional documenta cómo estas áreas, donde el aire y el agua ya son veneno cotidiano, se ubican en su mayoría cerca de ecosistemas esenciales para el equilibrio climático. La salud y la biodiversidad colapsan juntas, mientras los beneficios quedan concentrados en manos de unos pocos actores industriales.
Un mapa de injusticias ambientales y derechos violados
El análisis del Better Planet Laboratory (Universidad de Colorado Boulder) revela que un tercio de los proyectos de petróleo, gas y carbón se superponen con ecosistemas críticos —bosques, humedales y ríos— fundamentales para la captura de carbono. Esta coincidencia traza un panorama alarmante: el riesgo de los combustibles fósiles no solo destruye vidas humanas, también acelera el colapso natural del planeta.
La situación se agrava con la expansión de nuevos proyectos. Más de 3,500 yacimientos se encuentran en fase de desarrollo, lo que podría afectar a otros 135 millones de personas. La falta de transparencia, sumada a la escasez de datos censales, sugiere que el alcance real del problema es aún mayor.
Voces desde la resistencia: quienes defienden la tierra y el agua
El informe incorpora testimonios de defensores y comunidades que enfrentan la expansión extractiva con dignidad y riesgo personal. En Canadá, la líder indígena Molly Wickham denuncia la criminalización de quienes protegen su territorio ancestral. En Brasil, el pescador Bruno Alves de Vega lamenta la pérdida de su derecho al mar por culpa de los derrames y las obras costeras.
Estas historias son reflejo de una injusticia estructural. Los pueblos indígenas —apenas el 5% de la población global— soportan una carga desproporcionada: uno de cada seis proyectos fósiles se ubica en sus territorios. Las amenazas, el despojo y la violencia forman parte del costo oculto de un modelo energético que sigue alimentando desigualdades.
La COP30 y la urgencia de cambiar el rumbo
Mientras los líderes mundiales se reúnen en Belém, Brasil, para la COP30, las tormentas en Filipinas, México y Jamaica recuerdan que los efectos del calentamiento ya están aquí. Amnistía Internacional exige una eliminación rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, y una transición hacia energías sostenibles que ponga a las personas —no a las ganancias— en el centro de la decisión.
Sin embargo, la presencia de más de 5,000 lobistas de la industria en las negociaciones climáticas de los últimos años plantea un obstáculo evidente: quienes han causado la crisis siguen influyendo en las soluciones. El riesgo de los combustibles fósiles no desaparecerá si la política global continúa siendo rehén de intereses corporativos.
El fin de una era que amenaza la vida
El informe de Amnistía Internacional no solo expone cifras; desnuda un modelo de desarrollo basado en la impunidad. La dependencia de los combustibles fósiles ha demostrado ser incompatible con la justicia social, los derechos humanos y la salud del planeta. Las comunidades más expuestas no buscan compensaciones económicas, sino el derecho básico a respirar, beber agua limpia y vivir sin miedo.
Terminar con la era fósil no es una opción política, sino una obligación ética. La transición energética debe construirse sobre la reparación, la equidad y la verdad. Solo así se podrá revertir el riesgo de los combustibles fósiles y abrir paso a un futuro donde el progreso no signifique destrucción.
