El GAIL Summit 2025 reúne en la IBERO a juristas, académicos y líderes del ecosistema de impacto para debatir cómo el Derecho puede convertirse en una herramienta para el desarrollo sostenible. En el centro de la conversación: las empresas BIC, una figura que busca traducir el propósito en un marco legal.
El día de ayer dio inicio el GAIL Summit 2025, encuentro internacional que por primera vez se celebra en México y que reúne en la Universidad Iberoamericana a juristas, académicos, empresarios y representantes de organizaciones de impacto.
Bajo el lema “From Ideas to Action: Shaping the Future of Impact Law”, la cumbre busca reflexionar sobre cómo el Derecho puede convertirse en una herramienta poderosa para generar bienestar social y ambiental.
Durante tres días —del 13 al 15 de octubre— el programa concentrará a expertos de América Latina, Europa y Estados Unidos en diálogos sobre inversiones de impacto, justicia climática, ESG, estructuras empresariales con propósito, cadenas de suministro éticas y gobernanza responsable.
El encuentro, organizado por la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), marca un hito para la región al posicionar a México como sede de una conversación que trasciende el ámbito jurídico: cómo el Derecho puede acelerar la sostenibilidad.
“GAIL es una plataforma extraordinaria para generar cambios que coadyuven con los problemas sociales y ambientales de nuestra región”, explica Lila Gasca, Directora de Pro Bono y Negocios Responsables en Hogan Lovells México y co-chair del capítulo latinoamericano de la alianza.
Gasca subraya que el abogado contemporáneo no solo interpreta leyes, sino que diseña soluciones. “El reto es pasar de la buena voluntad a la exigibilidad”, afirma.
Con esa visión, el primer día del programa dedicó su jornada a América Latina, abordando uno de los temas más esperados: la regulación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
El Derecho entra en la conversación del impacto
El primer día del programa, dedicado a América Latina, concentra una de las discusiones más ricas del encuentro: la de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), una figura jurídica que busca reconocer legalmente a las empresas que combinan propósito y rentabilidad.
Durante el panel “La regulación de las Sociedades BIC”, Juan Diego Mujica Filippi, Impact Law and Governance Lead en Nativa (Italia), moderó una conversación entre seis especialistas de la región.
Tres de ellas representan países con leyes BIC ya aprobadas —Colombia, Perú y Uruguay— y tres, a naciones que se encuentran en proceso de legislar —Brasil, Chile y México—.
“El objetivo de la ley BIC es incluir objetivos sociales y ambientales en el estatuto de las empresas, junto a los económicos. No se trata de empresas más buenas, sino de empresas más coherentes”, explica Mujica.
El abogado italiano, cuya firma Nativa fue pionera en el impulso del movimiento B Corp en Europa, subraya que la regulación BIC no busca crear una categoría especial, sino establecer una base jurídica que dé seguridad al propósito.
“Una empresa BIC es una empresa con fines de lucro que también asume responsabilidades sociales y ambientales en su estatuto. Es decir, lo que normalmente se declara en un informe, aquí se convierte en obligación jurídica”, detalla.
En Italia, donde la figura tiene ya una década de vigencia, más de 4,000 empresas operan bajo este modelo. Los datos, dice Mujica, son contundentes: las BIC muestran mayor resiliencia, mejor desempeño financiero y más capacidad de atraer talento y capital alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“El mensaje —resume— es que la sostenibilidad puede ser rentable cuando está respaldada por coherencia institucional y legal.”
México: a un paso de dar reconocimiento legal al impacto
Desde México, Lila Gasca adelanta que el próximo 16 de octubre se presentará en el Senado una iniciativa para reconocer legalmente a las empresas BIC, impulsada por un grupo plural de abogados y expertos en sostenibilidad.
“Estamos impulsando un marco regulatorio que permita dar reconocimiento a las empresas de triple impacto y mover el capital hacia ellas. México puede aprender de las experiencias latinoamericanas, pero debe construir su propio camino”, afirma.
Gasca explica que la propuesta surge del trabajo conjunto entre actores públicos, privados y académicos que han identificado la necesidad de contar con una figura jurídica que respalde el propósito empresarial.
“Hay empresas que ya operan con prácticas responsables, pero sin marco legal. El reconocimiento BIC puede darles visibilidad, protección y confianza ante inversionistas, colaboradores y comunidades”, comenta.
Para la abogada, el desafío no es técnico, sino cultural: lograr que la sostenibilidad deje de depender de la voluntad o la moda.
“Si no legislamos con visión, el propósito puede quedarse solo en narrativa. Necesitamos un Derecho que acompañe la evolución del mercado y que premie a quienes integran el impacto en su modelo de negocio”, advierte.
Colombia: el referente… y el recordatorio
Desde Colombia, María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B, aporta una mirada más amplia y autocrítica.
“La ley BIC fue creada en 2018 con el objetivo de facilitar a los empresarios ser actores positivos para su comunidad. Hoy ya son cerca de 4,000 las empresas que operan bajo esta figura en Colombia”, señala.
Correa recuerda que la ley surgió del impulso del entonces senador Iván Duque, con apoyo unánime del Congreso —una rareza en la política latinoamericana— y una energía colectiva que parecía imparable.
Sin embargo, el cambio de gobierno modificó las prioridades y debilitó parte del impulso institucional, mostrando que la sostenibilidad legal también depende de continuidad política y compromiso social.
“Tenemos la mala costumbre de destruir lo que hizo el antecesor, pero el propósito no pertenece a un partido. Es la sociedad la que ha mantenido viva esta idea, acompañando a los empresarios que quieren ser actores positivos para su comunidad”, explica.
De hecho, tras el cambio de administración, Correa y su equipo recorrieron 23 regiones del país para fortalecer el tejido de empresas BIC y mantener viva la ley desde la práctica.
“La regulación no impone propósito; lo reconoce y lo protege. Por eso debemos cuidarla más allá del gobierno de turno”, concluye.
De la buena voluntad al deber legal
El GAIL Summit 2025 deja claro que la sostenibilidad está dejando de ser una opción reputacional para convertirse en una obligación estructural.
Las empresas BIC son el emblema de ese tránsito: pasar del “hacer el bien” al “hacerlo con deber legal”.
Desde México, la conversación sigue abierta. Pero algo ya es evidente: el futuro del propósito no solo se comunica… también se legisla.
