La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revocado la autorización de CIBanco para operar como institución de banca múltiple. Como consecuencia, se ha iniciado un proceso de liquidación de la entidad financiera.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ha sido instruido para pagar las obligaciones garantizadas —es decir, los depósitos de personas ahorradoras que están respaldados legalmente—, a partir del próximo lunes 13 de octubre de 2025. En el portal del IPAB se indica que dichos depósitos están protegidos hasta por 400,000 UDIS, que al momento equivalen a aproximadamente 3 424 262 pesos por persona.
Este desenlace se produce después de que hace poco más de tres meses el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a CIBanco —junto con otras instituciones— de haber permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. En respuesta, CIBanco solicitó voluntariamente a la CNBV la revocación de su autorización, decisión que fue aprobada.
Durante el proceso de liquidación, el IPAB aclara que:
- se cubrirán únicamente los depósitos asegurados y no otros tipos de obligaciones no calificadas como cobertura garantizada;
- no están garantizados los depósitos de accionistas, miembros del consejo de administración, altos ejecutivos o apoderados con facultades administrativas, aunque dichas personas conservan su derecho de acreedor ante la institución en liquidación.
- los créditos vigentes con CIBanco deben seguir pagándose conforme a los contratos vigentes.
- la mayoría de sucursales cerrarán (“salvo algunas”) para operaciones activas; las que permanezcan abiertas serán solo para consultas, aclaraciones o presentación de solicitudes de pago.
Así pues, el anuncio marca el desenlace institucional de CIBanco como banco activo y el inicio de un mecanismo regulado de protección a los ahorradores afectados.
¿Por qué es relevante?
Este suceso tiene múltiples implicaciones para quienes trabajan en responsabilidad corporativa, sostenibilidad financiera y gobernanza:
- Riesgo reputacional y cumplimiento regulatorio: La acusación de lavado de dinero es grave y conlleva sanciones institucionales. Que una autoridad reguladora nacional revogue la autorización de operación eleva el costo reputacional y financiero para accionistas, directivos y terceros vinculados.
- Protección de stakeholders vulnerables: El rol del IPAB subraya la importancia de mecanismos institucionales que protejan a los depositantes pequeños frente a crisis bancarias. Desde la perspectiva de responsabilidad social, esto es una línea de defensa para la confianza ciudadana en el sistema financiero.
- Límites de cobertura y exclusiones: Que ciertos depósitos —de altos ejecutivos, accionistas, etc.— estén excluidos de protección legal obliga a cuestionar las estructuras de gobernanza interna y la equidad en la distribución de riesgos. Las empresas deben considerar estos escenarios en su análisis de riesgos extremos.
- Continuidad contractual: Que los deudores del banco deban seguir pagando sus créditos incluso en liquidación es una señal de que las obligaciones financieras trascienden la disolución del ente activo. En proyectos de sostenibilidad financiera o banca ética, hay que prever cómo enfrentar vencimientos o crisis institucionales.
- Lecciones de gobernanza corporativa: La decisión voluntaria de CIBanco de pedir su propia revocación (por acuerdo de accionistas) sugiere que la junta consideró que era el menor mal frente a alternativas más costosas o litigiosas. Eso invita a reflexionar sobre protocolos de crisis, planes de contingencia y decisiones éticas estratégicas de salida.
En suma, este caso es un ejemplo intenso de cómo una falla de cumplimiento puede derivar en la desaparición institucional de una entidad financiera, con consecuencias para sus clientes, reguladores y la confianza en el sistema.
Este episodio resalta que no basta con tener planes de responsabilidad social —la gobernanza y el cumplimiento son cimientos irreemplazables para cualquier estrategia sostenible.
Las preguntas centrales a realizarse tras la caída de CIBanco
¿Qué cuestiones valdría la pena formularse tras este escandaloso caso? A continuación dejamos cinco preguntas que pueden servir de guía para que los equipos de gobernanza de otras instituciones revisen sus estructuras internas, escenarios de crisis y políticas de responsabilidad.
- ¿Cómo evaluó el equipo directivo de CIBanco las consecuencias reputacionales y financieras antes de optar por la revocación voluntaria en lugar de resistir legalmente la acusación internacional?
- ¿Qué mecanismos de evaluación de riesgo operativo, compliance y monitoreo preventivo habían implementado y por qué fallaron frente a las acusaciones externas?
- ¿Cómo pueden otras instituciones financieras fortalecer su resiliencia institucional para evitar que acusaciones externas comprometan su viabilidad?
- ¿Qué aprendizajes pueden extraerse para diseñar políticas de protección de depositantes que sean equitativas y transparentes, incluso ante crisis sistémicas?
- ¿Hasta qué punto este caso modificará la percepción de inversionistas, reguladores y ciudadanos sobre la confianza en entidades financieras pequeñas o con poca visibilidad?
CIBanco, moraleja final
Este caso de revocación y liquidación de CIBanco es un ejemplo dramático de cómo fallas en cumplimiento o gestión de reputación pueden llevar literalmente al cierre institucional, con impactos directos sobre ahorradores y partes interesadas. Recomendamos que:
- Toda institución financiera revise y fortalezca su marco de cumplimiento, auditoría interna y monitoreo de riesgos internacionales.
- Se generen protocolos de crisis con escenarios de reputación, comunicación transparente y rutas de acción anticipadas.
- Se evalúen las políticas de protección de stakeholders con criterios de equidad y claridad, que consideren tanto ahorradores comunes como grupos corporativos internos.
- Se impulsen ejercicios simulados o talleres de gobierno corporativo que incluyan escenarios extremos como este caso.
Este episodio debe servir como advertencia: incluso entidades que operan localmente pueden quedar expuestas a sanciones internacionales; la integridad institucional es el pilar de toda estrategia de responsabilidad sostenible.
