El 2024 cerró con un dato alarmante: 146 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron en el mundo, según el último informe de Global Witness. Aunque la cifra representa una disminución respecto a los 196 casos registrados en 2023, el panorama está lejos de ser esperanzador. La organización advierte que la falta de denuncias y los obstáculos para verificar los casos hacen que la magnitud real del problema probablemente sea mucho mayor.
A ello se suma una tendencia preocupante: la diversificación de las tácticas para acallar a quienes alzan la voz en defensa del planeta. No solo hablamos de asesinatos contra defensores ambientales, sino también de criminalización, secuestros y persecución legal. En palabras de Rachel Cox, activista de Global Witness, los gobiernos “están utilizando sus sistemas legales como arma” y, al mismo tiempo, no exigen rendición de cuentas, generando un círculo vicioso de violencia e impunidad.
Latinoamérica: el epicentro de la violencia
De acuerdo con un artículo de TIME, el 82% de los casos documentados en 2024 ocurrieron en Latinoamérica, consolidando a la región como la más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente. Colombia encabeza la lista con 48 asesinatos, un tercio del total mundial, seguido por México con 18 y Brasil con 12. Guatemala, por su parte, presentó un aumento drástico: pasó de cuatro casos en 2023 a 20 en 2024, un crecimiento que coincide con los cambios políticos tras la elección de Bernardo Arévalo.
El contexto latinoamericano revela un patrón: en países con transiciones políticas intensas o altos niveles de extractivismo, los ataques se disparan. La historia reciente lo confirma: tanto en Colombia como en Filipinas, los picos de violencia llegaron tras la llegada de presidentes autoritarios, como Iván Duque y Rodrigo Duterte. Este fenómeno refleja la vulnerabilidad de los defensores en contextos donde los intereses económicos y políticos pesan más que los derechos humanos.
Asesinatos contra defensores ambientales ligados a industrias extractivas
La defensa de la tierra se ha convertido en un frente de batalla contra poderosos intereses económicos. En 2023, al menos 29 asesinatos contra defensores ambientales estuvieron vinculados directamente a la minería y a las industrias extractivas, mientras que ocho se relacionaron con la tala de árboles y cuatro con la agroindustria. Más del 62% de los casos estuvieron asociados a disputas por tierras y procesos de reforma agraria.
Estos datos evidencian una realidad que se repite: quienes se enfrentan a proyectos extractivos, ya sea en minería, tala o agricultura intensiva, quedan expuestos a amenazas constantes. Sin mecanismos eficaces de protección ni voluntad política para frenar la violencia, el costo de defender el planeta se convierte, literalmente, en una sentencia de muerte.
El rol de gobiernos y empresas ante la crisis
Global Witness subraya que los asesinatos contra defensores ambientales no ocurren en el vacío. La permisividad de los Estados y la complicidad, directa o indirecta, de las empresas refuerzan este círculo de violencia. La ausencia de rendición de cuentas genera un mensaje devastador: quienes atacan a defensores lo hacen con mínimas consecuencias.
Laura Furones, autora principal del informe, lo expresó con claridad: “Hacer frente a la injusticia nunca debería ser una sentencia de muerte”. Para romper esta dinámica, gobiernos y compañías deben asumir su responsabilidad. Proteger a los defensores no es solo un acto de justicia social, sino una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad del planeta y la legitimidad de los modelos de desarrollo.
Más allá de las cifras: la urgencia de la acción
El informe de Global Witness, elaborado desde 2012, no solo contabiliza muertes y desapariciones: pone en evidencia cómo la violencia contra quienes defienden la tierra es una amenaza global con rostro local. Cada número es una vida arrebatada, una comunidad silenciada y un futuro en riesgo. La disminución de casos entre 2023 y 2024 no debe confundirse con progreso, sino con la opacidad de un problema que se esconde tras el miedo y la impunidad.
Frente a esta realidad, las empresas con compromisos en sostenibilidad y los gobiernos con discursos ambientales tienen una oportunidad ineludible: pasar de las declaraciones a la acción. Reconocer y proteger a quienes defienden el planeta es el primer paso para demostrar que los compromisos de responsabilidad social y climática no son una fachada, sino un camino real hacia la justicia y la equidad.
Proteger a quienes nos protegen
La violencia contra defensores ambientales no es un problema ajeno ni aislado; es el reflejo más crudo de las tensiones entre desarrollo económico, derechos humanos y sostenibilidad. Si la región latinoamericana concentra la mayoría de asesinatos, es también porque concentra las mayores disputas por tierra, recursos y poder.
Defender a quienes cuidan nuestro entorno es defender nuestra propia supervivencia. Como sociedad, como gobiernos y como empresas, tenemos la responsabilidad de garantizar que la defensa del planeta deje de ser un riesgo de vida y se convierta en un derecho plenamente protegido. La sostenibilidad no será posible mientras los guardianes del ambiente sigan cayendo en silencio.
