Un análisis de Oil Change International reveló que Estados Unidos otorga alrededor de 31 mil millones de dólares anuales a la industria de combustibles fósiles a través de distintos mecanismos fiscales y financieros. La cifra, que se ha duplicado desde 2017, pone en duda los compromisos climáticos asumidos por el país y evidencia la persistente influencia de las corporaciones energéticas en la política nacional.
Según el estudio, gran parte de estos apoyos proviene de exenciones tributarias, créditos para captura de carbono y reducciones en regalías de explotación. Aunque suelen justificarse como incentivos a la innovación, en la práctica mantienen vivo un modelo energético altamente contaminante. El informe advierte que, de mantenerse, estos subsidios se convertirán en una de las principales barreras para la transición hacia energías limpias.
Subsidio a empresas de combustibles fósiles: una práctica en aumento
El subsidio a empresas de combustibles fósiles en Estados Unidos no solo se ha mantenido, sino que ha crecido en los últimos años. El informe detalla que, pese a la promesa de Joe Biden en 2021 de eliminar estos apoyos, las disposiciones fiscales vigentes continúan favoreciendo a la industria. De hecho, la llamada “megafactura” firmada en la administración Trump agregará 4 mil millones de dólares anuales a los beneficios del sector durante la próxima década.
Entre los mecanismos destacan la ampliación de créditos para captura de carbono y la reducción de regalías para la explotación de petróleo, gas y carbón en tierras públicas. Aunque presentados como estrategias de mitigación, en la práctica funcionan como herramientas para prolongar la dependencia de energías fósiles.
El estudio subraya que estas políticas resultan difíciles de medir con precisión, ya que muchas se encuentran ocultas en disposiciones fiscales técnicas. La falta de transparencia gubernamental impide dimensionar la magnitud real de los recursos canalizados hacia estas industrias.
Esta opacidad refuerza la influencia de las grandes petroleras en la toma de decisiones y genera un círculo vicioso: más subsidios significan más poder económico y político para frenar regulaciones que limiten su impacto ambiental.
Impactos económicos y sociales de los subsidios
El informe concluye que las empresas de combustibles fósiles reciben retornos de inversión de hasta 30,000% gracias a los subsidios, una rentabilidad que difícilmente encontrarían en otros sectores. Este beneficio extraordinario se concentra en accionistas e inversionistas, mientras que los costos ambientales y sociales recaen sobre la ciudadanía.
El costo de oportunidad es considerable. Redirigir estos fondos a programas sociales podría transformar la vida de millones de personas. Según el análisis, permitiría financiar beneficios alimentarios SNAP para 3 millones de familias cada año, instalar paneles solares en 54 millones de hogares en una década o incorporar a 3 millones de niños al programa Head Start de educación temprana.
Estos escenarios ilustran cómo los subsidios no son una cuestión meramente contable, sino decisiones políticas que definen qué sectores reciben apoyo con recursos públicos. En este caso, se privilegia a una industria contaminante sobre programas con impacto directo en el bienestar de la población.
En palabras de Collin Rees, autor principal del estudio, “los subsidios son declaraciones políticas sobre lo que elegimos apoyar como país”. Su permanencia refleja una visión anclada en el pasado energético, en lugar de un compromiso con el futuro sostenible.
Barrera para la transición energética y la acción climática
Los subsidios a los combustibles fósiles obstaculizan la descarbonización, una de las metas centrales del Acuerdo de París. Cada dólar que se destina a mantener la producción de petróleo o gas es un dólar menos que podría invertirse en energías renovables, eficiencia energética o innovación tecnológica.
Uno de los casos más controvertidos es el crédito fiscal para la captura de carbono. Aunque se promueve como solución climática, en la práctica se emplea para recuperar reservas de difícil acceso en una práctica conocida como “recuperación mejorada de petróleo”. Esto prolonga la extracción en lugar de reducirla.
La contradicción es clara: mientras más de 50 países reformaron sus subsidios entre 2015 y 2020, Estados Unidos continúa ampliando su apoyo al sector fósil. Esta brecha compromete su credibilidad en foros internacionales, como la próxima COP30, donde se espera discutir un tratado para eliminar progresivamente los combustibles fósiles.
Si el país no redirige sus apoyos hacia tecnologías limpias, corre el riesgo de quedarse atrás en un mercado energético global que avanza hacia las renovables. Además, perpetuar los subsidios profundiza las emisiones y agrava la crisis climática.
El debate político y las presiones de la industria
El subsidio a empresas de combustibles fósiles no puede entenderse sin considerar el papel del lobby energético. Organizaciones como el Instituto Americano del Petróleo ejercen fuerte influencia en la redacción de leyes y en la definición de incentivos fiscales. Esta presión explica en parte la resistencia a reformas que pondrían límites a los privilegios del sector.
Aunque Biden prometió reducir estos apoyos, la realidad legislativa ha mostrado concesiones que permiten a las grandes petroleras evitar impuestos o ampliar beneficios. Estas medidas, lejos de representar una transición justa, refuerzan la dependencia de combustibles fósiles y retrasan la acción climática.
El informe de Oil Change International enfatiza que los subsidios no son inevitables ni técnicos, sino decisiones deliberadas. Mantenerlos significa priorizar intereses corporativos sobre el bienestar de la ciudadanía y el planeta.
En última instancia, el debate trasciende lo económico: es una cuestión de valores nacionales. Estados Unidos debe decidir si continuará sosteniendo un modelo energético contaminante o si dará pasos firmes hacia una transición que proteja a las futuras generaciones.
Redefinir las prioridades energéticas
Los hallazgos de Oil Change International muestran que el subsidio a empresas de combustibles fósiles es un freno estructural a la acción climática de Estados Unidos. Estos apoyos sostienen un modelo que enriquece a grandes corporaciones mientras desvía recursos que podrían financiar programas sociales y energéticos de enorme impacto.
Si el país busca liderar la transición hacia la sostenibilidad, necesita replantear sus prioridades fiscales. Reducir y eliminar gradualmente estos subsidios no solo es una acción ambiental urgente, sino también una estrategia económica y social que podría fortalecer la resiliencia nacional y alinear a Estados Unidos con la lucha global contra la crisis climática.
