En América Latina y el Caribe, la autonomía económica de las mujeres sigue siendo un desafío urgente. Los datos más recientes del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL revelan que 1 de cada 4 mujeres en LATAM no tiene ingresos propios, mientras que en el caso de los hombres esta cifra desciende a 1 de cada 10. Una brecha que, más allá de ser estadística, refleja desigualdades estructurales que limitan el desarrollo de toda la región.
Según un artículo de Forbes, el lanzamiento renovado del Observatorio, presentado en la Ciudad de México, ofrece nuevas herramientas como indicadores actualizados y mapas de georreferenciación. Con ello se busca enriquecer el análisis territorial de las políticas de género, en un momento en el que los países de la región discuten cómo avanzar hacia una sociedad de cuidados más equitativa. La meta: transformar los datos en políticas públicas que cambien realidades.
Una cifra que refleja desigualdades profundas
Decir que 1 de cada 4 mujeres en LATAM no tiene ingresos propios no es solo un dato frío. Es un recordatorio de que millones de mujeres dependen económicamente de terceros, lo que limita su capacidad de decisión en la vida diaria y las expone a mayores vulnerabilidades. La autonomía económica es, en este sentido, una puerta de entrada hacia otros derechos.
Las desigualdades se amplían cuando observamos la situación de las mujeres jóvenes. Casi una cuarta parte de ellas, entre los 15 y 24 años, ni estudia ni trabaja, y la razón principal es el cuidado de familiares. En contraste, el porcentaje de hombres en esa misma condición es mucho menor, lo que refleja la persistencia de roles de género tradicionales.
Sin ingresos propios, las mujeres no solo enfrentan barreras materiales, sino también simbólicas.
La falta de reconocimiento al trabajo no remunerado que realizan en los hogares perpetúa un sistema en el que su contribución al bienestar colectivo no se traduce en independencia económica.
El peso invisible del trabajo de cuidados
Una de cada tres mujeres fuera del mercado laboral se dedica exclusivamente al trabajo no remunerado. Este dato es clave para entender por qué tantas mujeres no pueden acceder a ingresos. La economía de cuidados, aunque esencial para el sostenimiento de cualquier sociedad, sigue recayendo principalmente en ellas.
Este fenómeno se traduce en una doble desigualdad: por un lado, limita la participación femenina en el mercado laboral formal; por otro, invisibiliza y desvaloriza una actividad que sostiene al sistema económico. Reconocer este trabajo es uno de los grandes retos de las políticas públicas actuales.
Las propuestas de la CEPAL insisten en la necesidad de avanzar hacia una “sociedad de cuidados” en la que hombres y mujeres compartan responsabilidades. No se trata solo de redistribuir tareas, sino de reconocer el valor económico del cuidado y diseñar apoyos institucionales que lo respalden.
El rol de los datos para transformar realidades
La renovación del Observatorio de Igualdad de Género busca ofrecer información certera y actualizada para la toma de decisiones. Herramientas como mapas de georreferenciación permiten ver dónde están las mayores brechas y, sobre esa base, priorizar acciones.
Como señaló la directora de la división de género de la CEPAL, el reto no es solo producir estadísticas, sino convertirlas en conocimiento útil para el diseño de políticas efectivas. Los datos son, en este sentido, un puente entre el diagnóstico y la acción.
Cuando hablamos de que 1 de cada 4 mujeres en LATAM no tiene ingresos propios, lo que está en juego es cómo esos datos pueden inspirar cambios concretos: presupuestos con perspectiva de género, programas de inclusión laboral y medidas de apoyo a las madres jóvenes.
Juventud y desigualdad: una brecha que duele
El hecho de que el 23% de las mujeres jóvenes no estudie ni trabaje es alarmante. La principal razón es que están a cargo de cuidados familiares, lo cual limita no solo su presente, sino también sus posibilidades futuras. La juventud debería ser una etapa de construcción de proyectos de vida, pero para muchas, es sinónimo de renuncias impuestas.
Esta situación contrasta con la experiencia masculina, donde los porcentajes de inactividad son mucho menores y no responden mayoritariamente a responsabilidades de cuidado. La desigualdad, entonces, comienza temprano y se acumula a lo largo de la vida.
Abordar esta realidad implica garantizar acceso a servicios de cuidado, becas, programas de reinserción educativa y empleos con condiciones dignas. De lo contrario, se perpetúa un círculo de dependencia económica que frena el desarrollo de toda la región.
El compromiso político: de las cifras a la acción
Los datos del Observatorio son claros: la región necesita decisiones políticas valientes. Las cifras sobre que 1 de cada 4 mujeres en LATAM no tiene ingresos propios deben transformarse en presupuestos públicos con perspectiva de género, en marcos normativos que protejan derechos laborales y en estrategias de corresponsabilidad social.
El llamado de organismos como la CEPAL y de voces feministas en la región apunta a lo mismo: la urgencia de convertir la información en acción. La Estrategia de Montevideo y el Compromiso de Tlatelolco son pasos en esa dirección, pero requieren voluntad política constante para traducirse en cambios concretos.
La responsabilidad no recae solo en los gobiernos. El sector privado y la sociedad civil también tienen un papel clave en generar empleos inclusivos, impulsar programas de igualdad y visibilizar el valor de los cuidados.
Hacia una sociedad de cuidados con igualdad sustantiva
El lema de la Conferencia Regional de la Mujer fue claro: avanzar hacia una sociedad de cuidados. Esto significa repensar cómo se organiza el tiempo, los recursos y las oportunidades en nuestras comunidades, reconociendo que el bienestar no puede recaer solo en las espaldas de las mujeres.
Romper con las brechas de género implica reconocer que la autonomía económica es un derecho y no un privilegio.
Las mesas de trabajo y los compromisos asumidos en Ciudad de México son un paso importante, pero el verdadero cambio vendrá cuando esos compromisos se traduzcan en políticas y programas tangibles que lleguen a los hogares.
La estadística no puede quedar en un titular pasajero. Es un llamado urgente a repensar nuestras economías, nuestras políticas y nuestras culturas. Sin autonomía económica para las mujeres, no habrá igualdad sustantiva posible.
Los datos están sobre la mesa, las herramientas existen y las voces de mujeres de toda la región exigen soluciones. Ahora, el reto es transformar esa evidencia en decisiones que cambien vidas, construyendo una región más justa, equitativa y sostenible.
