La informalidad laboral en 2025 ha alcanzado su punto más alto en los últimos años. Según cifras del INEGI, de los 60.2 millones de personas ocupadas en México, 33 millones trabajan en condiciones informales. Esto significa que más de la mitad de la población activa carece de acceso a derechos laborales básicos como seguridad social, prestaciones o contratos formales.
A pesar de una baja marginal en la tasa de desocupación, el crecimiento sostenido de la informalidad laboral en 2025 pone en evidencia un problema estructural que impacta el desarrollo económico, social y humano del país. El empleo informal no solo representa una forma de subsistencia, sino una trampa que perpetúa la desigualdad y limita el bienestar colectivo.
Un crecimiento sostenido, mes a mes
Este año inició con 32.2 millones de personas en la informalidad. Aunque se trata de una cifra elevada, la verdadera alerta comenzó con una escalada mensual constante: febrero cerró con 32.3 millones; marzo con 32.5; abril con 32.7 y mayo con 32.9. En junio, la cifra alcanzó los 33 millones, marcando un récord sin precedentes.
Este incremento paulatino revela una tendencia preocupante: la informalidad laboral en 2025 no es un fenómeno coyuntural, sino el reflejo de un sistema que no ha logrado absorber la demanda laboral con empleos formales y dignos. Cada mes suma miles de personas más que se incorporan al mercado sin una red de protección.
Este comportamiento es consistente con los registros históricos. En 2020, la informalidad se ubicó en 53%; en 2021 aumentó a 55.4%; en 2022 fue de 55.8% y en 2023 de 55.5%. En 2025, la tasa alcanzó 54.8%, un punto porcentual por encima del año anterior.
Impacto estructural en la calidad de vida
La informalidad no sólo se mide en cifras: se refleja en jornadas laborales interminables, salarios bajos, inseguridad económica y falta de protección ante enfermedades, accidentes o vejez. Las condiciones precarias se han normalizado para millones de personas que, aunque trabajan, siguen atrapadas en contextos de vulnerabilidad.
Beatriz Robles, Directora de Operaciones de Manpower México, lo resume claramente:
“Más de 33 millones de personas laboran hoy sin acceso a prestaciones, con bajos ingresos y en condiciones precarias. Esto impacta directamente en la productividad, la seguridad social y el bienestar”.
El trabajo informal se ha convertido en el espejo de una brecha estructural: es donde desembocan quienes no logran acceder al empleo formal por falta de oportunidades, educación o redes de apoyo. Mientras no se ataque este núcleo, el círculo vicioso de la desigualdad persistirá.
¿Por qué no se crean suficientes empleos formales?
El mercado laboral mexicano no ha logrado generar los más de un millón de empleos formales que se requieren cada año para absorber el crecimiento poblacional. La informalidad laboral en 2025 refleja esa deuda histórica que no sólo no se ha saldado, sino que se ha agravado.
El crecimiento económico no ha sido suficiente ni incluyente. Muchos de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo, como la industria o los servicios, enfrentan obstáculos como altos costos fiscales, baja productividad o burocracia, lo cual desalienta la contratación formal.
Además, la falta de políticas públicas eficaces para incentivar la formalización y apoyar a las micro y pequeñas empresas refuerza el ciclo de la informalidad. Sin estímulos ni simplificación de trámites, la formalidad sigue siendo inaccesible para muchos emprendedores y trabajadores.
Más allá del empleo: informalidad y desigualdad
La informalidad laboral no es solo una variable económica: es también un fenómeno que reproduce y amplifica desigualdades sociales. Afecta más a mujeres, jóvenes y personas con bajos niveles de escolaridad, acentuando la brecha en acceso a oportunidades y bienestar.
Sin derechos laborales ni acceso a servicios como guarderías, salud o jubilación, estos grupos enfrentan mayores obstáculos para romper el ciclo de la pobreza. Además, el empleo informal limita las posibilidades de movilidad social y desarrollo profesional a largo plazo.
Esta situación tiene consecuencias directas en la cohesión social. En un país donde más de la mitad de los trabajadores no tiene garantizado lo mínimo, resulta complejo construir una sociedad equitativa y resiliente ante crisis económicas o sociales.
El rol del sector privado: urgencia de corresponsabilidad
La solución al problema de la informalidad no puede venir sólo del gobierno. Las empresas, especialmente las grandes y medianas, deben asumir un rol activo en la construcción de un mercado laboral más justo. Esto implica invertir en talento, formalizar cadenas de valor y promover relaciones laborales éticas.
Como señala Manpower, “si queremos reducir la informalidad y fortalecer el empleo, necesitamos crear un entorno que promueva la inversión y facilite la generación de trabajos formales”. Un mercado laboral robusto requiere la participación decidida del sector empresarial.
Programas de inclusión laboral, formación dual, apoyo a proveedores para formalizarse y respeto a los derechos laborales deben ser parte de una estrategia integral de responsabilidad social empresarial. Sin acciones concretas, el discurso de sostenibilidad se queda corto.
Políticas públicas que pongan a las personas al centro
En paralelo, es indispensable que el Estado priorice políticas públicas que fomenten la formalización. Esto incluye desde incentivos fiscales hasta capacitación laboral, acceso a financiamiento para pequeñas empresas y simplificación administrativa.
También es necesario que la informalidad laboral en 2025 se aborde con un enfoque interseccional, reconociendo las barreras específicas que enfrentan ciertos grupos poblacionales. Sin datos desagregados ni acciones focalizadas, los esfuerzos serán insuficientes.
Finalmente, urge consolidar un sistema de seguridad social universal, donde el acceso a salud, pensión y protección social no dependa exclusivamente de la formalidad. De lo contrario, millones seguirán fuera del radar institucional.
La informalidad laboral en 2025 no es sólo una cifra récord: es un reflejo de las fallas estructurales que arrastra el mercado laboral mexicano. Los 33 millones de personas que trabajan sin derechos nos recuerdan que el desarrollo sostenible no puede construirse sobre la precariedad.
Reducir esta cifra no será tarea de un solo sector. Gobierno, empresas y sociedad civil deben actuar con urgencia, responsabilidad y visión de futuro. Sólo así podremos garantizar que el trabajo sea, verdaderamente, una vía para mejorar la vida.
