En un mundo que busca respuestas urgentes a la crisis climática, la pregunta ya no es si necesitamos más recursos, sino de dónde deben venir. Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París, propone mirar hacia sectores que han crecido sin regulación y con alto impacto ambiental: la inteligencia artificial y las criptomonedas.
De acuerdo con The Guardian, la propuesta puede parecer disruptiva, pero en realidad es una llamada a la coherencia: si contaminas, contribuyes. En tiempos donde los recursos públicos son limitados y la desigualdad climática se amplifica, el impuesto a la IA y las criptomonedas se perfila como una vía para equilibrar la balanza y financiar soluciones sostenibles.
El origen de la propuesta: una lógica de justicia climática
Laurence Tubiana, hoy directora de la Fundación Europea del Clima, no plantea una idea aislada. Como codirectora del Grupo de Trabajo sobre Impuestos de Solidaridad Global, busca crear mecanismos que graven actividades contaminantes para destinar esos fondos a la acción climática. En ese sentido, el impuesto a la IA y las criptomonedas encaja dentro de una lógica de justicia fiscal y ambiental.
La propuesta parte de una realidad innegable: estas tecnologías, aunque digitales, tienen un enorme consumo energético. La minería de bitcoin, por ejemplo, consume tanta electricidad como un país entero como Polonia. ¿Cómo justificar que estas industrias queden exentas de contribuir?
Impuestos similares ya se están impulsando en sectores como la aviación o el transporte marítimo. Lo que antes parecía imposible, hoy es urgente y viable, siempre que haya voluntad política.
¿Por qué gravar a la inteligencia artificial?
Aunque no tan visible como las criptomonedas, la IA también tiene un impacto ambiental significativo. Los modelos de lenguaje, las búsquedas automatizadas o el entrenamiento de algoritmos requieren centros de datos que consumen millones de kilovatios hora al año.
Tubiana sugiere que el impuesto a la IA y las criptomonedas no solo sería lógico, sino necesario. Las empresas tecnológicas están compitiendo por acceso a fuentes de energía y, en muchos casos, generando presión sobre las redes eléctricas locales.
Sin embargo, aplicar este impuesto podría ser complejo: las compañías podrían mover sus servidores a países sin regulación o con energía más barata. Esto abre un nuevo frente en la gobernanza digital y climática: el de la regulación transnacional.
Criptomonedas: del riesgo financiero al impacto ambiental
Las criptomonedas, en particular, han sido objeto de múltiples controversias. Además de su consumo energético, también presentan riesgos en términos de estabilidad financiera y uso ilícito de fondos. Tubiana advierte que muchas operaciones están ligadas al crimen organizado o a flujos económicos opacos.
El impuesto a la IA y las criptomonedas se convierte, así, en una herramienta de regulación múltiple: económica, fiscal, ambiental y legal. Incluso los banqueros centrales —tradicionalmente conservadores— comienzan a mostrar interés en mecanismos que puedan poner orden en este ecosistema.
El reto, sin embargo, es político: países como Estados Unidos podrían resistirse a imponer estas medidas por el fuerte lobby de estas industrias.
Casos exitosos: lo que se puede lograr con voluntad política
No se trata solo de teorías. A finales de junio, varios países —entre ellos Francia, España y Kenia— acordaron nuevos gravámenes para vuelos en clase ejecutiva, primera clase y aviones privados. Esta medida busca que quienes más contaminan aporten más.
Según estimaciones del grupo de trabajo, si las grandes economías se sumaran, se podrían recaudar más de 147 mil millones de euros al año. Recursos que podrían destinarse directamente a mitigación, adaptación y justicia climática.
Estas experiencias refuerzan el mensaje de Tubiana: no necesitamos esperar un acuerdo global. Los países pueden actuar desde su soberanía fiscal.
Nuevas fronteras fiscales: del transporte marítimo a la bolsa
La idea de expandir la base fiscal hacia sectores privilegiados no se detiene en la IA o las criptos. El grupo de trabajo también analiza un impuesto sobre la compra de acciones, con potencial para recaudar hasta 105 mil millones de euros sin distorsionar el mercado.
Asimismo, sigue en debate un impuesto al carbono sobre el transporte marítimo, cuya discusión se retomará en octubre. Este tipo de medidas apuntan a una transformación estructural del modelo económico global.
El impuesto a la IA y las criptomonedas sería solo un eslabón más en esta cadena de reformas. Pero uno con gran valor simbólico: demostrar que la era digital no puede seguir operando al margen de la responsabilidad social y ambiental.
El riesgo de la incoherencia climática
Paradójicamente, mientras Tubiana impulsa estas propuestas, el propio presidente francés Emmanuel Macron ha sugerido aplazar metas climáticas clave para 2040. Una contradicción que, según ella, envía un mensaje negativo justo cuando se necesita liderazgo moral.
Para Tubiana, esta actitud es peligrosa de cara a la COP30 en Brasil. Si los países que lideraron el Acuerdo de París ahora retroceden, ¿con qué autoridad exigirán compromisos al sur global?
La coherencia, tanto fiscal como política, es clave. No basta con diseñar impuestos; hay que sostener la narrativa con acciones firmes.
Hacia una fiscalidad que mire al futuro
La pregunta ya no es si se debe aplicar un impuesto a la IA y las criptomonedas, sino cuándo y cómo. En un contexto donde la emergencia climática choca con un modelo económico digital en expansión, este tipo de medidas ofrecen un nuevo horizonte de justicia climática.
Más allá del recaudo, lo que está en juego es el mensaje: la transición ecológica necesita innovación, sí, pero también responsabilidad. Y eso implica que quienes más se benefician de la digitalización y globalización también contribuyan al esfuerzo común.
Como bien dice Tubiana, no se trata de castigar el progreso, sino de hacerlo sostenible. Porque si no se regula hoy, el costo lo pagaremos todos mañana.
