La administración de Donald Trump ha emprendido una estrategia silenciosa pero de alto impacto: revertir prohibiciones de químicos altamente tóxicos, incluidas aquellas impuestas a nivel estatal sobre compuestos como los PFAS, el mercurio o el bisfenol A. Estos químicos están presentes en productos cotidianos como ropa, cosméticos, envases de alimentos y artículos para el cuidado infantil, de acuerdo con un artículo de The Guardian.
El riesgo no es menor. Diversos estudios han vinculado estas sustancias con enfermedades como el cáncer, alteraciones hormonales, daños hepáticos y problemas reproductivos. Si el plan avanza, los consumidores quedarían más expuestos a estos tóxicos, debilitando décadas de regulación impulsada desde los estados y la sociedad civil.
Revertir prohibiciones de químicos: una amenaza para la regulación estatal
Uno de los elementos más preocupantes de esta iniciativa es la intención de invalidar leyes estatales que hoy representan una de las pocas barreras efectivas ante los químicos peligrosos. Estados como California, Maine y Washington han liderado esfuerzos pioneros para limitar el uso de sustancias como PFAS, ftalatos y plomo.
La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo Trump cambiaría la forma en que se evalúan los riesgos químicos. Esto implicaría que una sustancia solo sería considerada un peligro si demuestra riesgo en todos y cada uno de sus usos específicos, dejando fuera del análisis el impacto acumulado de su presencia diaria.
En otras palabras, revertir prohibiciones de químicos a nivel federal supondría no solo una regresión en términos de salud pública, sino también un golpe a la autonomía estatal para proteger a sus comunidades. Sería también una victoria significativa para la industria química, que ha presionado durante años para eliminar estas restricciones.
Riesgos acumulativos ignorados en la nueva norma de la EPA
Aunque un solo producto pueda contener una pequeña cantidad de una sustancia tóxica, la exposición cotidiana y combinada a múltiples artículos representa un serio riesgo a largo plazo. Así lo han señalado diversos especialistas en salud ambiental, preocupados por el impacto acumulativo en la población.
La actual normativa propuesta por la EPA de Trump ignora ese principio, optando por una evaluación fragmentada por uso, lo que diluye la gravedad del problema. Esto permitiría argumentar que, por separado, ninguno de estos productos representa un “riesgo irrazonable”, aun cuando su efecto conjunto sea altamente perjudicial.
Revertir prohibiciones de químicos sin considerar la exposición acumulada contradice el enfoque preventivo y precautorio que debe regir toda política pública orientada al bienestar y la sostenibilidad. Además, debilita la confianza del público en las instituciones encargadas de su protección.
El rol clave de los estados y la presión social
Ante el vacío regulatorio federal, los estados han actuado como primera línea de defensa. Desde la prohibición de PFAS en ropa y cosméticos hasta restricciones al formaldehído y retardantes de llama, los gobiernos estatales han respondido a las exigencias de comunidades preocupadas por su salud y la de su entorno.
Organizaciones como Safer States han apoyado estos esfuerzos, destacando cómo las leyes estatales no solo protegen a los consumidores, sino que también presionan a la industria para abandonar prácticas peligrosas. Un ejemplo claro es el caso de 3M, que anunció el fin de la producción de PFAS debido a estas restricciones.
Sin embargo, revertir prohibiciones de químicos a nivel federal podría neutralizar estos avances. La nueva norma limitaría la capacidad de los estados para actuar, impidiendo que regulen sustancias que la EPA no considere un riesgo generalizado. Se trata de una batalla entre intereses corporativos y el derecho ciudadano a un entorno saludable.
Implicaciones para la sostenibilidad y la RSE
Las empresas que se han comprometido con políticas de sostenibilidad podrían verse en una encrucijada si se permite revertir prohibiciones de químicos. Eliminar estas regulaciones daría luz verde a prácticas que contradicen los principios de economía circular, ecodiseño y transparencia en la cadena de valor.
Además, se enviaría un mensaje confuso a los consumidores que exigen productos más seguros y responsables. Si el mercado vuelve a llenarse de artículos con compuestos tóxicos, será más difícil para las marcas diferenciarse por sus esfuerzos en responsabilidad social y cuidado ambiental.
Desde una perspectiva ESG, apoyar o ignorar esta reversión normativa no es una opción neutra. Las empresas que se mantengan firmes en sus compromisos ambientales y de salud pública no solo demostrarán liderazgo ético, sino que ganarán la preferencia de un consumidor cada vez más informado y exigente.
Una amenaza a la Proposición 65 y otras conquistas ciudadanas
Una de las leyes que podrían verse especialmente afectadas es la Proposición 65 de California, que obliga a las empresas a advertir sobre la presencia de sustancias que puedan causar cáncer o defectos congénitos. Esta ley ha sido modelo para regulaciones similares en otros estados y ha cambiado radicalmente las prácticas industriales.
Revertir prohibiciones de químicos implicaría, de facto, desarticular mecanismos como éste, dejando a los consumidores sin información vital sobre los productos que usan a diario. Además, muchas de estas leyes son resultado de luchas comunitarias y científicas de décadas.
Desmantelar este entramado protector bajo la justificación de “riesgos razonables” es una forma sutil pero eficaz de debilitar la democracia ambiental. No se trata solo de una batalla técnica, sino de una disputa por el derecho de las personas a decidir sobre la calidad de su entorno.
La urgencia de actuar ante una regresión normativa
El intento de revertir prohibiciones de químicos abre un debate complejo sobre el equilibrio entre desarrollo industrial, regulación y protección de la salud pública. Si bien existen preocupaciones legítimas sobre la exposición prolongada a sustancias tóxicas, también es cierto que las evaluaciones de riesgo deben ser rigurosas, transparentes y basadas en evidencia científica sólida
Será clave que tanto los gobiernos estatales como la sociedad civil mantengan una participación activa en este proceso, asegurando que cualquier cambio normativo tenga como prioridad el bienestar de las personas y del medio ambiente. La conversación no debe centrarse únicamente en prohibir o permitir, sino en construir un marco regulatorio que evolucione con el conocimiento científico y las necesidades reales de la población.
