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104 empresas están detrás del 20% de los conflictos ambientales en el mundo: informe

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¿Puede un número reducido de empresas estar al centro de una gran parte de los conflictos ambientales en el mundo? Un nuevo estudio afirma que sí. Apenas 104 corporaciones, en su mayoría multinacionales de países de altos ingresos, están relacionadas con una quinta parte de más de 3,000 disputas socioambientales documentadas globalmente.

El análisis, liderado por el coordinador del Atlas Global de Justicia Ambiental, Marcel Llavero-Pasquina, revela un patrón alarmante: las empresas más “superconflictivas” repiten prácticas nocivas en diferentes territorios, generando impactos devastadores, especialmente en comunidades del Sur Global. Esta nota desmenuza el informe y plantea una reflexión profunda sobre el verdadero alcance de la responsabilidad corporativa.

Un mapeo global de la injusticia ambiental

El estudio revisó 3,388 conflictos ambientales en el mundo, registrados hasta octubre de 2024 en el EJAtlas, una base de datos colaborativa alimentada por activistas, investigadores y periodistas. Estos conflictos incluyen proyectos extractivos, industriales y legislativos que han sido impugnados por sus consecuencias socioecológicas.

De las 5,589 empresas implicadas, solo un 2% –es decir, 104– estuvieron involucradas en el 20% de estos casos. Llavero-Pasquina las define como “superconflictivas”, una etiqueta que no solo señala su frecuencia en los conflictos, sino su impacto sistemático y repetitivo en diversas regiones.

conflictos ambientales en el mundo

Este patrón pone en evidencia que ciertos actores corporativos tienen un rol protagónico en la reproducción de dinámicas de injusticia ambiental, al punto de convertirse en símbolos de resistencia para las comunidades afectadas.

Norte Global, daño en el Sur

Una de las conclusiones más potentes del informe es la ubicación geográfica de estos conflictos. Casi el 90% de las empresas superconflictivas son corporaciones multinacionales, principalmente de países de altos ingresos y de China.

El 50% de los conflictos relacionados con estas empresas ocurre en el Sur Global. Esto implica que los costos ambientales y humanos de los modelos extractivos y productivos del Norte Global se externalizan sistemáticamente hacia comunidades con menor capacidad institucional, política y legal de defensa.

Detrás de muchos de estos casos hay comunidades indígenas, afrodescendientes y pueblos tradicionales que, pese a su vulnerabilidad estructural, encabezan la defensa del territorio y del ambiente frente a intereses corporativos.

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Un rostro humano detrás de cada conflicto

Detrás de los datos fríos hay realidades desgarradoras: enfermedades respiratorias por contaminantes, desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida y agresiones contra defensores ambientales. El impacto no solo es ecológico, sino también sanitario y socioeconómico.

Los conflictos ambientales en el mundo documentados en este estudio muestran cómo las poblaciones locales enfrentan consecuencias desproporcionadas por decisiones tomadas lejos de sus territorios. Estas comunidades no solo luchan contra la devastación ambiental, sino contra sistemas legales y políticos que rara vez les favorecen.

Este enfoque humaniza el problema y desafía el relato corporativo de sustentabilidad voluntaria y responsabilidad social sin rendición de cuentas real.

¿Qué tan responsable es el Pacto Global?

Un hallazgo que llama especialmente la atención es que dos tercios de estas empresas superconflictivas forman parte del Pacto Global de la ONU.

Este es un acuerdo voluntario que busca fomentar políticas responsables en derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción.

Esto evidencia una brecha entre la adhesión simbólica y la práctica real. Las promesas de autorregulación y los marcos no vinculantes han resultado insuficientes ante la magnitud de los conflictos ambientales en el mundo.

Como apunta Richard Pearshouse, de Human Rights Watch: “Las promesas voluntarias claramente no están funcionando. Necesitamos leyes y regulaciones vinculantes”.

La urgencia de la regulación vinculante

Tanto Pearshouse como Christen Dobson, del Business & Human Rights Resource Centre, coinciden en que este estudio es un llamado de atención. Si bien visibiliza a los mayores infractores, también abre una ventana de oportunidad: regular su actividad con mayor contundencia.

La Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa de la UE es uno de los marcos normativos que podrían marcar la diferencia, pero actualmente enfrenta intentos de ser debilitada.

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Esto ocurre en un contexto donde los efectos de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son cada vez más visibles. No actuar con decisión es ceder espacio a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

Repetición de patrones y falta de sanción

Un patrón común en los conflictos ambientales en el mundo es que las mismas empresas reinciden en prácticas similares, en territorios distintos. Esto sugiere que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura sistémica de impunidad ambiental corporativa.

La falta de consecuencias reales permite que las mismas multinacionales actúen sin modificar sustancialmente sus operaciones. Aunque se han multiplicado los compromisos públicos de sostenibilidad, el terreno sigue siendo fértil para el greenwashing.

En este sentido, la transparencia, la vigilancia ciudadana y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones son fundamentales para romper este ciclo.

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Hacia una nueva ética empresarial

El estudio del EJAtlas nos recuerda que la responsabilidad social no puede ser una etiqueta decorativa. En un mundo cada vez más interconectado, las consecuencias de las acciones empresariales trascienden fronteras y generaciones.

Si las 104 empresas más conflictivas del planeta son responsables del 20% de los conflictos ambientales en el mundo, está claro que cambiar sus prácticas tendría un impacto enorme. Pero para lograrlo, no basta con recomendaciones voluntarias: se necesitan políticas públicas robustas, marcos legales exigentes y una sociedad civil vigilante.

El desafío está en construir un nuevo modelo de desarrollo donde la justicia ambiental deje de ser una excepción y se convierta en regla.

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