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Economía verde, ¿solución?

Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de Río +20, que se celebrará en junio de 2012, empiezan a sumarse algunos foros de análisis y discusión y a perfilarse los temas de debate; resulta alentadora la incipiente respuesta, ya que lo peor que le puede ocurrir a la Cumbre es pasar inadvertida.

La Cumbre tiene como objetivo renovar los compromisos del desarrollo sustentable y parte del hecho de no haberse cumplido los acuerdos multilaterales establecidos en los últimos 20 años. Los dos temas que aparecen en la discusión son el de la economía verde en un contexto de erradicación de la pobreza y el de la reestructuración institucional para favorecer el desarrollo sustentable.

En diversos foros y escritos se han expresado diferentes posiciones frente a estos temas y, particularmente, el de la economía verde ha generado discusiones enconadas, tal como se escucharon en el seminario internacional “Cumbre de los pueblos Río +20” celebrado el pasado junio en Río de Janeiro. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó un documento titulado “Hacia una Economía Verde” (www.unep.org/greeneconomy) con la finalidad de aportar elementos conceptuales, propuestas y ejemplos a detalle de esta visión que lleva un par de años madurando.

La economía verde reconoce que el crecimiento económico vigente no ha incorporado las externalidades sociales ni ambientales. Su propuesta es alcanzar el bienestar y la equidad social al mismo tiempo que reducir significativamente los riesgos ambientales

y prevenir la escasez de recursos naturales; implica que el crecimiento económico y el empleo deben lograrse con inversiones públicas y privadas que reduzcan las emisiones de carbón y la contaminación, promuevan la eficiencia en el consumo de energía y de recursos y prevengan la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ambientales; es decir, se trata de una economía de bajo consumo de carbón, con eficiencia ambiental y socialmente incluyente.

La transformación hacia la economía verde requiere un serio y decidido involucramiento del gobierno y del sector privado. El gobierno deberá reformar políticas, mejorar el marco normativo; y su cumplimiento, proveer nuevos incentivos, cambiar políticas fiscales y eliminar subsidios que dañen el medio ambiente, fortalecer infraestructura y mecanismos de mercado, redirigir inversión pública, promover productos verdes e incorporarlos en las adquisiciones gubernamentales. A su vez, el sector privado deberá aprovechar la oportunidad que representa la economía verde respondiendo a las reformas de políticas y señales de precios mediante mayores niveles de inversión financiera. Debido al carácter global de la economía actual, no basta con que el tránsito hacia una economía verde se realice país por país; se requiere un acuerdo multilateral y de cooperación que siente las bases del cambio. Ésa es una de las apuestas para la Cumbre de Río +20.

Este planteamiento ha tenido diversas críticas, la mayoría surgidas desde los países en vías de desarrollo y de Organizaciones No Gubernamentales. Entre los argumentos aparecidos se menciona que la economía verde es la imposición de un nuevo modelo económico de los países desarrollados para frenar el crecimiento de aquellos en desarrollo, que es un lujo que sólo los países desarrollados pueden atender, que son nuevas formas de proteccionismo, que se trata de nuevos campos de expansión para el capitalismo y las finanzas mundiales, y que el resultado será la mercantilización de la naturaleza y el establecimiento de nuevos derechos de propiedad sobre los bienes comunes y los servicios ambientales.

La polarización de argumentos pone en riesgo el logro de consensos. El debate parece, por el momento, de posicionamientos ideológicos más que de construcción de propuestas viables que aceleren el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Sería

un error que en la defensa de los planteamientos de la economía verde se sustituya el paradigma de desarrollo sustentable, el cual, si bien su concreción ha sido mucho más compleja de lo esperado, sigue siendo vigente.

La economía verde debe ser entendida como un instrumento al servicio de la construcción de la sustentabilidad del desarrollo. Éste, junto con otros instrumentos y procesos como el fortalecimiento del marco regulatorio, la gobernanza, la innovación y transferencia tecnológica, la consolidación de capacidades locales y las políticas demográficas apropiadas pueden reducir y eliminar las formas insustentables de consumo y producción que afectan al medio ambiente y promover políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y a la disminución de las desigualdades sociales. Ello implicará poner también a debate las políticas de seguridad alimentaria y de producción de alimentos, de consumo de energía y de agua, de reducción de la vulnerabilidad, del uso y valoración de la biodiversidad, del suelo, de la atmósfera y de los servicios ambientales. El proceso está en curso.

Fuente: Reforma, Opinión, p. 14.
Por: Julia Carabias.
Publicada: 29 de octubre de 2011.

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