Por: Emilio Guerra Díaz
Entre algunos de los disparates que se han presentado con el debate de la Ley 3de3, impulsada por el Instituto Mexicano de Competitividad y Transparencia Mexicana y firmada por más de 600 mil ciudadanos, está el incluir a toda organización a presentar declaraciones si reciben recursos públicos. Algunos analistas políticos, columnistas y comentaristas han calificado dicha acción como un revire.
Cierto es que todo el Sistema de Transparencia que se quiere edificar con bases jurídicas sólidas en lugar de dejar las cosas de manera sencilla, cada vez se complica más y el entrecruce de preceptos legales de diversas leyes le hace complejo y prácticamente le lleva a la opacidad.
En el escenario de demandar transparencia a todo funcionario público, ante el colmado hartazgo de la ciudadanía, muchos políticos voltean sus ojos hacia el sector filantrópico y le tratan con suspicacias, y una y otra vez se vuelve a escuchar que la filantropía en México tiene pocos controles, que las organizaciones se van por la libre, que no rinden cuentas, etc; situación que sí sucede con los partidos políticos.
Al respecto vale la pena recordar al lector que el sector filantrópico ha sido uno de los primeros en transformarse y salir de la opacidad que otrora abanderaba con sentencias como: “es información top secret”, “no podemos revelar nuestras fuentes de financiamiento (más que por anonimato porque veían una amenaza de que otra organización le quitara a su donante)”, etc. Sin embargo, ahora ha creado robustas bases para su actuación, donde el propio gobierno le ha endilgado otros instrumentos para saber el origen y destino de los recursos que las organizaciones reciben.
Veamos algunos de los elementos de transparencia y rendición de cuentas y las razones por las que se fueron consolidando como práctica habitual y obligatoria de las organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos públicos o donativos tanto de entidades gubernamentales como de particulares.
La historia de la transparencia en el tercer sector mexicano
En la década de los setenta del siglo pasado quizás asistía un poco de razón a las organizaciones que no tenían ningún incentivo público para formalizar su trabajo. No contábamos entonces con un régimen fiscal que alentará la creación de organizaciones y mucho menos se consideraba posible aspirar a financiamiento público. Por lo tanto, centenares de organizaciones consideraban inútil formalizarse y advertían que hacerlo significaba pagar impuestos sin recibir ningún beneficio a cambio.
En la década siguiente, momento que coincide con la promoción de la profesionalización de la gerencia y trabajo de estas organizaciones, se dieron diversas acciones de relevancia tanto de manera local como internacional.
Así por ejemplo, a nivel internacional algunas organizaciones de procuradores de fondos trabajaron la creación de un código de ética que observaran los profesionales, un tanto para homologar prácticas pero sobre todo para ordenar los servicios que ofrecían procuradores de fondos que trabajaban “a destajo” o con cobre de altas comisiones. Es decir, aquellos que obtenían recursos de donantes y a la organización le cobraban un cierto porcentaje que incluso llegaba a ser entre el 10 y el 20% del monto donado sin que el donante lo supiera.
Organizaciones como la Association for Fundrasing Professionales en coalición con otras redactaron un código de ética que hoy rige ya a casi en todo el mundo, que guía el actuar de los procuradores de fondos contratados. El espíritu de aquel documento se basa en no mentir al donante y garantizar que el 100% de su contribución se destine a la causa que le motivó a dar un donativo.
El siguiente peldaño que se subió se basó en acrecentar la confianza entre la organización y el donante para que éste continuara aportando recursos. Entonces tenemos que las acciones de transparencia y rendición de cuentas se fueron institucionalizando. Desde entonces se comprendió que a los donantes había que compartirles información sobre en qué se utilizaba su dinero, los cambios que producían y la salud financiera de la organización.
La década de los noventa encontró a las organizaciones fortalecedoras del sector filantrópico con el desarrollo de cursos, talleres y demás recursos para garantizar la transparencia. Uno de los cambios sustanciales fue instruir a los Consejos Directivos y Patronatos a que se vieran como un grupo de personas que no representaban a la organización en la comunidad, sino al contrario: los miembros de cualquier directorio representan a la comunidad dentro de la organización y verifican que lo que dice, se haga. En esencia era recuperar el otrora concepto de mayordomía.
En los primeros años del nuevo siglo, diversas organizaciones impulsaron un marco legal adecuado al sector y siguen insistiendo en que el gobierno considere al sector filantrópico como un aliado para el desarrollo y atención de necesidades que no son suficientemente atendidas por sus dependencias. Así nacieron las Leyes de Asistencia Social, Desarrollo Social y la trascendente de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles que empujó cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se ha ampliado el espectro de causas susceptibles a recibir donativos (públicos y privados) pero esta tarea aún no está consolidada.
La autoridad dispuso del informe de transparencia que toda donataria autorizada debe de observar de manera obligatoria, donde se señalan el origen de los donativos identificando con el registro federal del contribuyente del donante y el destino de los recursos. Esta información es pública y puede consultarse en la página del Sistema de Administración Tributaria.
Hacia finales de esa década una de las mayores suspicacias gubernamentales del gobierno hacia el sector aduciendo falta de transparencia y rendición de cuentas fue considerar que las organizaciones filantrópicas podrían lavar dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces se incluyó a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita algunas responsabilidades que acrecientan las prácticas de transparencia.
En los últimos años, es indudable que poco a poco los mexicanos comprenden la necesidad de participar en la vida pública con acciones que van mucho más allá de procesos electorales. Decenas de organizaciones de la sociedad civil trabajan cotidianamente para mejorar marcos legales, alentar el diseño de mejores políticas públicas, brindar mejores servicios, etc. y el potencial que esto representa espanta a diversos políticos, quienes solo han visto cómo protegen sus privilegios.
Desde el Consejo Directivo
Rufino Tamayo ha sido remembrado en estos días con motivo de un aniversario luctuoso más que se cumple el 24 de junio, dijo el Presidente del Directorio. El Instituto Nacional de Bellas Artes realizará una serie de actividades entre las cuales la investigadora Ingrid Suckaer, biógrafa del artista, hablará sobre su labor filantrópica.
La Secretaria del Consejo Directivo destacó que el Museo Franz Mayer tiene el resguardo de un gran número de objetos de la colección particular que formará la Dra. Ruth Weiss de Lechuga para ser exhibidos. Al tiempo que se presentó este acervo, dijo la Secretaria, se anunció también la creación del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga que dirigirá la antropóloga Marta Turok, quien muy amiga entrañable de la doctora.
El Tesorero de la organización compartió con sus colegas del Directorio que la queretana Fundación Bertha O de Osete está cumpliendo 20 años de vida, tiempo a través del cual han otorgado más de 67 mil aparatos ortopédicos y sillas de ruedas. Lo peculiar de esta organización es que fabrica los aparatos y las sillas creando empleos donde se incluyen personas con alguna discapacidad.
En muchas ocasiones personas que critican las prácticas filantrópicas afirman con suspicacia que muchos donantes dan dinero “para ganarse el cielo”, o bien, “para lavar culpas”, dijo el Director de la organización. Pues la semana pasada la empresa Inteltráfico anunció que por cada multa que se levante por el sistema de fotografías que tiene concesionado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera donará 1 peso a la Cruz Roja Mexicana.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
