Por Leopoldo Lara
“Si nos unimos, podemos volver a soñar, podemos volver a emprender grandes cosas. Los ciudadanos y ciudadanas organizados tienen el poder, tienen las ganas, tienen la conciencia para cambiar lo que antes no pudimos cambiar”.
Palabras que recién dijo Michelle Bachelet, apenas una semana antes de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile el 17 de noviembre pasado, en su regreso inminente a dirigir el destino de ese país en los siguientes cuatro años.
El fondo es profundo.
En su gestión como Presidenta de la República de Chile (2006-2010), Bachelet encabezó una de las propuestas más innovadoras en materia de administración pública: el Gobierno Ciudadano.
El propósito de ese esquema, permite a los ciudadanos participar activamente en el diseño de las políticas públicas; en la integración y ejecución de los presupuestos; y en la fiscalización del gasto. Todo ello desde un marco legal concreto y sistemático: la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, mejor conocida como la Ley de Participación.
A pesar de que Bachelet la impulsó en su mandato, la ley fue finalmente promulgada en 2011 y carece de un gran ingrediente para su eficacia: el rango constitucional.
Hoy, de regreso a la Presidencia, Bachelet, de la mano de su partido “Nueva Mayoría” y los aliados políticos y sociales que ha ido formando en el camino, proponen en su Programa de Gobierno que impulsarán una nueva Constitución Política en la que, según lo refiere Tomás Marín Troncoso de Ciudad Viva, A.C., se “establezca el derecho a la participación política y social en las diferentes áreas de la vida nacional… Así, la Nueva Constitución incorporará nuevos mecanismos de democracia directa o semidirecta en distintos niveles de decisión pública”.
Por otra parte, siguiendo al propio Marín, la propuesta de Bachelet en materia de participación ciudadana incluye un ambicioso plan para integrar transversalmente el enfoque de participación a toda la agenda pública sectorial, específicamente para combatir la desigualdad; revisarán y fortalecerán los mecanismos que actualmente ya tienen los ciudadanos para participar en la administración pública en todos sus órdenes y difundirán los derechos de los ciudadanos en esas materias de manera exhaustiva y profunda, para que las propuestas ciudadanas en coinversión se detonen y la democracia participativa logre consolidarse en ese país, como un ejemplo de que sí se puede gobernar en permanente comunicación y corresponsabilidad con la sociedad.
Mientras eso ocurre en Chile, quizá el país de América con mayor índice de participación ciudadana en asuntos públicos; en Holanda la “Sociedad Participativa” se convierte en uno de los nuevos prototipos que se impulsa en Europa para suplir al cansado y débil “Estado de Bienestar”. A partir de este nuevo modelo, el Estado fomentará la organización ciudadana para que a través de ésta se detonen prácticas comunitarias eficientes que desarrollen la vida social sin necesidad de los subsidios que el Estado ha asumido hasta la fecha y que ha sido factor determinante en la crisis actual de ese continente.
La apuesta por la participación ciudadana formal en el desarrollo de los gobiernos, se hace cada vez más grande y congruente en el mundo. Parece que no hay mucho espacio para dónde hacerse ante una nueva ciudadanía más crítica e informada y con mayor disposición para enfrentar sus propios desafíos.
En México hay algunos avances a nivel federal.
Las recientes reformas fiscales y de transparencia, son una muestra de que el gobierno y los representantes populares están atentos a lo que los colectivos ciudadanos (y expertos) opinan e impulsan y han tomado una ruta sabia: escucharlos y actuar en consecuencia.
Falta mucho por hacer, en principio que exista una visión transversal de la participación ciudadana como una ruta para la democratización y no sólo reaccionar cuando se tienen a los colectivos “encima”. Una clave pudiera ser “subir” a la Constitución, en su artículo 35, el derecho de los ciudadanos a participar en el “gobierno”. Y con ello sus leyes generales.
En materia municipal las cosas no pintan muy bien en este tema. Dice Socorro Arzaluz Solano del Colegio de la Frontera Norte en su ponencia: “Experiencias exitosas de participación ciudadana en municipios mexicanos” al hacer un balance del Premio de Gobierno y Gestión Local que otorga el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) año con año, que actualmente “de 2,450 (municipios), sólo 17 han obtenido reconocimiento en materia de participación y de éstos, sólo algunos han incidido de alguna forma en las tareas de gobierno”.
Dice también Arzaluz, citando a Palomares (2010) que “Nuevo Laredo puede ser considerado como un ejemplo del tránsito hacia la gobernanza en un municipio fronterizo que se ha visto afectado en forma drástica por la ola de violencia… es un programa de gobierno que conjuga acciones de diverso tipo en una visión más integral del proceso de participación ciudadana”.
Del tamaño de nuestros problemas, son nuestras soluciones.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
