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¿Cómo surge la corrupción y la impunidad en las organizaciones?

El director de Litigio Estratégico de Mexicanos, Gerardo Carrasco, afirma que la corrupción que hay en México viola los derechos humanos.

En el foro “las empresas y los derechos humanos”, el abogado aseguró que para que exista la corrupción es necesario tener a servidores públicos deshonestos pero también empresarios dispuestos a violar la ley.

De acuerdo con la organización, el 98.5% de los casos de corrupción se quedan impunes. “La impunidad directamente no atenta contra los derechos humanos como tal, pero lo que hace es generar mayores violaciones. Es decir, se pueden violar derechos humanos a través de la comisión de cualquier acto de corrupción”.

“La corrupción afectan a los derechos humanos de las empresas que están atentando contra los principios constitucionales que pudieran afectar intereses económicos de los consumidores en general”.

Existen dos principios básicos en el artículo 28, relativo a la competencia económica, que son la competencia y libre concurrencia que son los que benefician a los usuarios finales de un servicio.

Cabe mencionar que el 2% del PIB representa alrededor de 363 mil millones de pesos, esto es lo equivalente a la mitad del presupuesto del IMSS».

El experto dice que las empresas tienen derechos humanos que deben ser protegidos, siendo uno de ellos, el derecho a la certeza jurídica e integridad.

Las organizaciones civiles denunciaron que el sistema mexicano se caracteriza por los alarmantes niveles de corrupción e impunidad.

Las empresas también son víctimas de la corrupción

La lucha contra la corrupción es un tema importante en el mundo y varios países están realizando acciones para evitar estas prácticas. La corrupción obstruye el crecimiento económico, como lo indican diversos estudios a nivel global.

El costo de la corrupción es de 1.5 y los 2 trillones de dólares al año, aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016.

Se trata de una cifra diez veces mayor a la que se asigna para programas de asistencia social.

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